La iniciativa, impulsada por el gobierno de Alberto Fernández y que recibió media sanción de la Cámara de Diputados el 11 de diciembre, establece que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 del proceso gestacional.
La sesión en el Senado comenzará el martes a las cuatro de la tarde (hora local) y la votación, con resultado incierto, está prevista para la madrugada del miércoles. Los alrededores del Congreso fueron vallados a la espera de una multitudinaria convocatoria de activistas a favor y en contra en un contexto de máxima preocupación de las autoridades por el crecimiento en los contagios de coronavirus.
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El debate será presidido por la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), quien sólo votará si hay empate.
“La votación está pareja”, dijo a AP la senadora oficialista Nancy González, una de las defensoras del proyecto. “Esto es voto a voto, seguimos trabajando, charlando con los indecisos... El mismo 29 se decidirá, mientras lo debatamos”.
El proyecto busca la erradicación de los abortos clandestinos que han causado más de 3,000 muertes en el país desde 1983, según las autoridades. Cada año alrededor de 38,000 mujeres son hospitalizadas por estos procedimientos.
En 2018 el Senado hizo naufragar una iniciativa similar.
Los senadores son 72, pero dos de ellos estarán ausentes este año: el expresidente Carlos Menem, quien se encuentra hospitalizado en grave estado de salud. El otro es José Alperovich, de licencia por acusaciones de violación. Ambos rechazan el aborto.
De los 70 que estarán en el debate, 43 son hombres. En parte la incertidumbre por la votación obedece a que las fuerzas políticas, incluido el peronismo gobernante, dieron libertad de acción a sus legisladores. Hasta última hora del lunes había cinco senadores cuya decisión era un misterio.
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Argentina penaliza actualmente a las mujeres y a quienes les ayudan a abortar. Las únicas excepciones contempladas por ley son los casos de violación o riesgo para la salud integral de la madre, que están recogidos en protocolos que no se cumplen en unas ocho provincias del país, de acuerdo con denuncias de legisladores.
Según el movimiento feminista argentino, que lleva más de 30 años reclamando la legalización del aborto, la aprobación de esta ley constituiría una conquista simbólica en América Latina, donde la influencia de la Iglesia católica es muy visible y la interrupción del embarazo está muy castigada a excepción de Uruguay, Cuba, Ciudad de México, el estado mexicano de Oaxaca, las Antillas y la Guayana Francesa.
“Este 29 de diciembre tenemos la oportunidad como sociedad de avanzar hacia la ampliación de derechos. Senadores y senadoras sean parte de la historia y salden esta deuda de la democracia. Necesitamos esta ley para resolver un problema de salud pública, de justicia social y de derechos humanos”, dijo en una solicitada de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, un colectivo de más de 700 organizaciones políticas, sociales, feministas, sindicales, académicas y estudiantiles.
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En vísperas de la votación, el cardenal Mario Poli lamentó durante la homilía de los Santos Inocentes en la catedral metropolitana que “mientras los médicos y enfermeras cumplieron su misión con heroico sacrificio por salvar vidas, en estas últimas semanas el panorama se ha ennegrecido: la opción política pasó a ser una incomprensible urgencia, una febril obsesión por instaurar el aborto en la Argentina, como si tuviera algo que ver con los padecimientos, los temores y las preocupaciones de la mayor parte de los argentinos”.
“Para quienes esperan empezar un año mejor, esta agenda legislativa no les trae esperanzas”, afirmó.
El proyecto de ley establece que fuera del plazo de 14 semanas, la persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción del embarazo si fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro su vida o salud integral. Por otro lado, contempla que la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento para abortar a partir de los 16 años. La de menor edad tendrá que ejercer los “derechos a través de sus representantes legales”.
Además, incluye la figura de la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud y de las instituciones médicas privadas en las que todos sus médicos estén en contra de la práctica, pero establece que los centros que no cuenten con profesionales dispuestos a realizar la interrupción del embarazo deben derivar a las pacientes a otra institución.
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No se podrá alegar objeción de conciencia en caso de que la salud de la persona gestante esté en peligro.
Los profesionales de la salud se nieguen a cumplir con la interrupción del embarazo en los términos comprendidos por la ley serán reprimidos con una pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.
La ley además incorpora al aborto dentro de la cobertura integral y gratuita del sistema de salud público y privado.
Junto al aborto también debatirá el proyecto de ley sobre atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido como plan de los “mil días”, que contempla ayuda económica para embarazadas y madres de niños de hasta tres años.
