Tijuana, México
El campamento de la caravana de migrantes que se encontraba instalado en Tijuana, Baja California, frontera de México con Estados Unidos, fue suspendido ayer, después de que la mayoría de centroamericanos recibieran asilo, así lo informó Pueblo Sin Fronteras, una de las instituciones organizadoras del campamento.
Alex Mensing, miembro de la institución, informó que solo 15 de los inmigrantes que llegaron en caravana permanecen en la frontera esperando ingresar al país norteamericano.
Según el diario mexicano El Debate, al menos 228 migrantes fueron recibidos en asilo por Estados Unidos solo el fin de semana. Mientras que unos 100 se quedaron en Tijuana y 300 en Hermosillo para tramitar el asilo con el gobierno mexicano.
En total eran más de mil los inmigrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador los que viajaban en caravana, pero muchos decidieron emprender la ruta por su cuenta tras las amenazas del presidente Donald Trump.
Se conoció que el 80 por ciento de los migrantes que viajaban en la caravana eran de origen hondureño y precisamente fue una catracha la primera en ser aceptada en Estados Unidos.
El jueves, un grupo de personas realizaron una ceremonia religiosa en ambos lados de la barrera fronteriza que divide a México y Estados Unidos, para denunciar la retórica del presidente Donald Trump contra los mexicanos y los inmigrantes.
“Este muro es un símbolo de división, pero al mismo tiempo hemos encontrado la forma de conectarnos y escucharnos y de continuar nuestra relación pese al metal (de la reja)”, dijo el pastor presbiteriano Tim Gray, quien ofició el culto en la estadounidense El Paso.
Bajo el sol inclemente, los participantes oraron y se dieron la mano a través de la reja fronteriza.
“Necesitamos reforma migratoria, a los migrantes los debemos tratar con respeto”, dijo el reverendo Francisco Abañuelas.
Un proceso largo y cansado
Según las normas migratorias estadounidenses, los candidatos a asilo pasan tres días en instalaciones de inspección fronteriza antes de ser trasladados a centros de detención de largo plazo.
Expertos en asilo los interrogan para una evaluación preliminar, generalmente en menos de una semana, para determinar si el caso debe pasar a tribunales migratorios, lo que puede tardar varios años.
Las cortes suelen realizar sus trámites a puertas cerradas. Los expedientes no se hacen públicos y, a diferencia de casos penales o civiles, no se permite el acceso a periodistas ni a otras personas ajenas a la investigación.
Miembros del gobierno actual han arremetido contra las leyes que permiten que quienes soliciten asilo sean puestos en libertad mientras el caso toma su curso.
Sin embargo, cualquier modificación a las normas debe ser aprobada por el Congreso o por los tribunales.
