SANTIAGO DE CHILE, CHILE.- Las autoridades reportaron el miércoles tres muertos más en los violentos disturbios en
Chile, lo que aumentó a 18 los fallecidos por el estallido social que ha sacudido al país
sudamericano en los últimos días, mientras surgen señalamientos de presuntos abusos de derechos humanos de parte de agentes del Estado.
La víspera el presidente Sebastián Piñera anunció una serie de medidas con leves mejoras a las pensiones e ingresos de los más pobres en un esfuerzo por frenar la crisis social. Sin embargo, el miércoles se desarrollaban multitudinarias movilizaciones en el centro de la capital y otras regiones en medio de una huelga general en respaldo a las protestas que comenzaron con el rechazo al incremento en las tarifas del metro y se extendieron a otras viejas demandas.
La policía lanzó chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que intentaban acercarse a los predios del Palacio de La Moneda, la sede de la presidencia, mientras se desarrollaban marchas masivas en otros sectores y regiones del país.
Al hacer el más reciente balance de los disturbios, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo más temprano que el número de fallecidos aumentó de 15 a 18, incluido un adulto mayor y un niño de cuatro años que fueron arrollados por un conductor ebrio mientras participaban en un cacerolazo en el sur de la capital.
Afirmó que “se nota nuevamente una disminución” de los hechos graves de violencia que bajaron de 255 el lunes a 169 en las últimas 24 horas.
En la jornada de protestas se han reportado daños a la infraestructura y saqueo de comercios. Foto: AP
“Los hechos hablan por sí mismos”, comentó Micco, quien se reunía el miércoles con el presidente Piñera. Agregó que han recibido denuncias de cinco muertes a manos de agentes del Estado.
Ubilla sostuvo, por su parte, que el gobierno recibió una denuncia por la muerte de un joven manifestante por presuntos golpes de la policía y que investiga el hecho.
La jornada se inició con más personas en las calles que esperaban tomar algunos de los autobuses con los que se reforzó el transporte público y con el funcionamiento parcial de la mitad de las líneas del subterráneo, uno de los más vandalizados junto a farmacias y grandes comercios.
Además del subterráneo, que en Santiago moviliza a 2,4 millones de personas a diario y que resultó destruido en la mayoría de sus estaciones, los supermercados han sido el centro de saqueos en todo el país, lo que llevó a centenares a hacer largas filas antes los locales abiertos para abastecerse ante la posible continuidad de las protestas.
Para frenar la oleada de violencia en el país, de 18 millones de habitantes, Piñera se reunió la víspera con tres líderes de la oposición y horas después anunció una agenda social que, según su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tendrá un costo de 1,200 millones de dólares.
Entre los anuncios hay un aumento inmediato en las pensiones mínimas de 590,000 personas, de 151 a 181 dólares mensuales, un incremento en los salarios mínimos de 413 a 481 dólares, la anulación de un reajuste del 9 por ciento en las tarifas de la electricidad, alzas de un 5 por ciento en los impuestos de quienes ganan más de 11,000 dólares mensuales y la extensión a todo el país de rebajas en medicamentos, que se encuentran entre los más caros de la región.
La oposición valoró las medidas pero demandó ajustes estructurales en un país en el que la mayoría gana entre 400,000 a 500,000 pesos (entre 562 y 762 dólares) y en el sistema de transporte público cuyas tarifas suben con la devaluación del peso y el incremento del precio internacional del petróleo.
Muchos chilenos en las calles también se expresaron inconformes con las medidas.
La víspera el presidente Sebastián Piñera anunció una serie de medidas con leves mejoras a las pensiones e ingresos de los más pobres en un esfuerzo por frenar la crisis social. Sin embargo, el miércoles se desarrollaban multitudinarias movilizaciones en el centro de la capital y otras regiones en medio de una huelga general en respaldo a las protestas que comenzaron con el rechazo al incremento en las tarifas del metro y se extendieron a otras viejas demandas.
La policía lanzó chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que intentaban acercarse a los predios del Palacio de La Moneda, la sede de la presidencia, mientras se desarrollaban marchas masivas en otros sectores y regiones del país.
Al hacer el más reciente balance de los disturbios, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo más temprano que el número de fallecidos aumentó de 15 a 18, incluido un adulto mayor y un niño de cuatro años que fueron arrollados por un conductor ebrio mientras participaban en un cacerolazo en el sur de la capital.
Afirmó que “se nota nuevamente una disminución” de los hechos graves de violencia que bajaron de 255 el lunes a 169 en las últimas 24 horas.
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Agregó que hubo 102 civiles heridos y 95 lesionados entre los 20,000 militares y policías que patrullan las calles en más de la mitad de un país bajo estado de sitio, que restringe las libertades de locomoción y reunión.
Sergio Micco, director del Instituto de Derechos Humanos, denunció múltiples casos de abuso de violencia de la policía y los militares. Refirió que recibió a un joven que afirma que fue torturado por policías en una comisaría ubicada en una de las estaciones del subterráneo donde miles de personas se han congregado a protestar contra el gobierno.
Señaló que las denuncias refieren supuestos desnudamientos, golpes y maltratos físicos y verbales.
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“Los hechos hablan por sí mismos”, comentó Micco, quien se reunía el miércoles con el presidente Piñera. Agregó que han recibido denuncias de cinco muertes a manos de agentes del Estado.
Ubilla sostuvo, por su parte, que el gobierno recibió una denuncia por la muerte de un joven manifestante por presuntos golpes de la policía y que investiga el hecho.
La jornada se inició con más personas en las calles que esperaban tomar algunos de los autobuses con los que se reforzó el transporte público y con el funcionamiento parcial de la mitad de las líneas del subterráneo, uno de los más vandalizados junto a farmacias y grandes comercios.
Además del subterráneo, que en Santiago moviliza a 2,4 millones de personas a diario y que resultó destruido en la mayoría de sus estaciones, los supermercados han sido el centro de saqueos en todo el país, lo que llevó a centenares a hacer largas filas antes los locales abiertos para abastecerse ante la posible continuidad de las protestas.
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Catalina Merz, presidenta del gremio de grandes supermercados, dijo que prácticamente uno de cada cuatro locales han sido saqueados, incluidos una treintena destruidos en incendios intencionales.
Para frenar la oleada de violencia en el país, de 18 millones de habitantes, Piñera se reunió la víspera con tres líderes de la oposición y horas después anunció una agenda social que, según su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tendrá un costo de 1,200 millones de dólares.
Entre los anuncios hay un aumento inmediato en las pensiones mínimas de 590,000 personas, de 151 a 181 dólares mensuales, un incremento en los salarios mínimos de 413 a 481 dólares, la anulación de un reajuste del 9 por ciento en las tarifas de la electricidad, alzas de un 5 por ciento en los impuestos de quienes ganan más de 11,000 dólares mensuales y la extensión a todo el país de rebajas en medicamentos, que se encuentran entre los más caros de la región.
La oposición valoró las medidas pero demandó ajustes estructurales en un país en el que la mayoría gana entre 400,000 a 500,000 pesos (entre 562 y 762 dólares) y en el sistema de transporte público cuyas tarifas suben con la devaluación del peso y el incremento del precio internacional del petróleo.
Muchos chilenos en las calles también se expresaron inconformes con las medidas.
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La académica Jennifer Pribble, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Richmond en Estados Unidos, dijo que el tono más conciliador de Piñera es un paso en la dirección correcta, pero consideró que “es poco probable que la propuesta por sí sola sea suficiente”.
“El presidente debe señalar que abrirá un diálogo amplio y reunirá a una variedad de actores sociales y partidos políticos para negociar un nuevo pacto social”, indicó a The Associated Press.
Leonardo Moreno, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, dijo que en Chile el 10% de la población gana un 7,8% más que el 90% restante.
