Trump dijo que incluir en el proceso de distribución a las personas que están en el país sin autorización “crearía incentivos perversos y socavaría nuestro sistema de gobierno”.
La redistribución es el proceso para la repartición de escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos con base en los cambios de la población según el censo decenal.
La Corte Suprema bloqueó el intento del gobierno de agregar una pregunta de ciudadanía al cuestionario del censo de 2020, cuando la mayoría de los magistrados dijo que la razón del gobierno para agregarla —ayudar a garantizar el derecho al voto— parecía forzada.
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Dale Ho, director del Proyecto de Derechos Electorales de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), predijo que los tribunales también decretarían como inconstitucional la medida más reciente de Trump.
“La Constitución requiere que todos en Estados Unidos sean contabilizados en el censo”, dijo Ho. “El presidente Trump no puede elegir. Trató de añadirle al censo una pregunta de ciudadanía y perdió en la Corte Suprema... Lo veremos en la corte y volveremos a ganar”.
La acción más reciente de Trump se produjo de cara a las elecciones de noviembre y en momentos en los que trata de motivar a sus simpatizantes con nuevas medidas contra la inmigración ilegal, que fue la base de su campaña en 2016.
“Hubo una época en la que podías declarar orgullosamente: ‘Soy ciudadano de Estados Unidos’. Pero ahora, la izquierda radical trata de borrar la existencia de este concepto y ocultar el número de extranjeros ilegales en nuestro país”, dijo Trump en un comunicado. “Esto es parte de una labor más amplia de la izquierda para erosionar los derechos de los ciudadanos estadounidenses, y no lo toleraré”.
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Más de 92 millones de hogares han respondido al Censo 2020, la mayoría a través de internet. La gente todavía puede responder el formulario en línea, por teléfono o vía postal, sin tener que reunirse con un encuestador. Apenas la semana pasada los encuestadores empezaron a acudir a las viviendas de quienes no habían respondido el cuestionario.
Los intentos de Trump para añadir la pregunta de ciudadanía provocaron molestia y críticas de sus detractores, quienes alegaron que pretendía desalentar la participación en el recuento del país, no sólo de personas que viven en la nación de manera ilegal, sino de ciudadanos estadounidenses que temen que participar dejaría expuestos a repercusiones a sus familiares que no son ciudadanos.
Los intereses financieros y políticos en el Censo 2020 son enormes, y hay zonas metropolitanas con grandes poblaciones de inmigrantes que temen perder dólares y representación política por las acciones de Trump.
Luego de que la Corte Suprema bloqueó la inclusión de la pregunta de ciudadanía, Trump ordenó a la Oficina del Censo que recabara datos de ciudadanía de los registros administrativos de las agencias federales y estatales. El gobierno espera que eso le ayude a determinar cuántas personas viven en Estados Unidos sin autorización.
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La orden está siendo impugnada en la corte, y la mayoría de los estados se han negado a compartir información sobre licencias de conducir o documentos de identidad.
Sin embargo, cuatro estados con gobernadores republicanos: Iowa, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Nebraska acordaron compartir la información de licencias de conducir estatales con la Oficina del Censo.
Los miembros demócratas del Congreso dijeron que el memorando del presidente era un intento de reducir la participación en el Censo 2020, sobre todo en las comunidades minoritarias.
“El intento ilícito de Trump tiene el objetivo de volver a inculcar miedo y desconfianza en las comunidades vulnerables y tradicionalmente subestimadas, mientras siembra caos en el Censo”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. “La Cámara de Representantes disputará enérgicamente el intento inconstitucional e ilegal del presidente de perjudicar el Censo'.
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