El ministro de Comunicación y delegado del gobierno, Jorge Rodríguez, anunció el arribo a Barbados de los cinco representantes de la misión oficialista y dijo en un video que difundió en su cuenta de Twitter que espera que la mesa de diálogo sirva para resolver las controversias y dificultades que puedan surgir.
'Ya no más el expediente de violencia. Ya no más de recurrir a salidas extra constitucionales', agregó.
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La delegación opositora informó en Twitter la noche del domingo el regreso a Barbados para proseguir las negociaciones que se reiniciaron el 8 de julio luego de varias semanas de suspensión. Ambas partes decidieron a mediados de la semana pasada viajar a Caracas para consultas y luego regresar a la isla caribeña. Los representantes de ambas partes viajaron entre mayo y junio en dos oportunidades a Noruega para tratar de avanzar hacia una negociación que permita el inicio de un diálogo.
“¡Seguimos trabajando hasta alcanzar nuestra meta!”, afirmó la noche del domingo en Twitter el jefe de la delegación opositora y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, quien indicó que el objetivo que se han trazado es “poner fin al sufrimiento de los venezolanos”.
La detención de dos miembros del equipo de seguridad de Guaidó por parte de las autoridades -que los acusaron de intentar vender cuatro armas que presuntamente fueron usadas durante la fallida rebelión militar del 30 de abril- desataron nuevas fricciones entre las partes que se temían podrían afectar el proceso de negociaciones.
Rodríguez aprovechó el incidente para acusar a la oposición de incurrir en el engaño en medio de las conversaciones.
'Nada va a desviar de la ruta a los líderes de la democracia en Venezuela', dijo la diputada opositora Delsa Solórzano al descartar que el proceso emprendido contra dos de los miembros del equipo de Guaidó pueda afectar la participación de la oposición en las negociaciones en Barbados.
En medio de una protesta contra las torturas a manos de las fuerzas de seguridad venezolanas que realizó un puñado de manifestantes frente al edificio donde funcionan las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas, Solórzano dijo a la prensa que el caso es una 'olla más (invento)' que busca implicar al líder opositor.
Tras la polémica desatada a finales de junio por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que sus abogados y familiares atribuyeron a las torturas que habría recibido durante su detención en la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la congresista denunció que en la actualidad se siguen aplicando torturas a los detenidos en ese organismo.
“No hay nada bien en DGCIM. Los presos están siendo torturados”, afirmó Solórzano al asegurar que a algunos de los detenidos les incautaron los alimentos, medicinas y enseres personales, y los están sometiendo acciones intimidatorias al grabarlos cuando son visitados por sus familiares. La diputada señaló que en las próximas horas enviará comunicaciones a las diferentes instancias de Naciones Unidas para denunciar la situación en la DGCIM.
Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios al respecto.
Luego de doce días de espera, el cuerpo de Acosta Arévalo fue enterrado a mediados de la semana pasada en un cementerio del este de la capital bajo control de las autoridades y contraviniendo el deseo de los familiares, que exigían llevar el cuerpo a la ciudad central de Maracay.
Por el caso fueron detenidos un teniente y sargento de la Guardia Nacional que laboran para la DGCIM.
En relación al proceso, el activista Alonso Medina Roa, abogado de la familia de Acosta Arévalo, expresó el lunes que “ha habido muchos obstáculos por parte del Ministerio Público y el tribunal”, y dijo a The Associated Press que pese a esas limitaciones próximamente emprenderá acciones judiciales para recabar el acta de detención del militar y los informes médicos que hicieron al momento de la muerte del capitán.
Sobre el proceso que siguió la Fiscalía General para la autopsia del militar, Medina Roa indicó que hasta el momento la defensa desconoce si se siguieron los parámetros internacionales para los estudios forenses tal como exigió la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, al condenar el caso. De acuerdo al informe forense entregado a los familiares, Acosta Arévalo murió por “politraumatismo por objetos contundentes”.
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