El comunicador Andrés Eloy Zacarías y Víctor Torres, hijo del dueño de la televisora pro oficialista La Guacamaya TV, murieron el 21 de agosto en una “presunta ejecución extrajudicial” en el poblado occidental de Cabimas, en el estado de Zulia, indicó el fiscal general Tarek William Saab.
Saab dijo en su cuenta de Twitter que se presume que Zacarías, quien estaba vinculado al partido oficialista, y Torres habrían sido asesinados “a manos de funcionarios de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales)' de la policía nacional.
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Dos fiscales se trasladaron a Cabimas para identificar a los testigos, hacer los planos del lugar del crimen, examinar las armas e identificar a los funcionarios que actuaron en el hecho, precisó el fiscal general.
Génesis Torres, una joven de 18 años que se identificó como hermana menor de Víctor, relató a The Associated Press que en la tarde del 21 de agosto se presentaron en su casa varios miembros de las FAES con armas largas que entraron a la vivienda por la fuerza “sin mostrar papeles, nada'. El grupo se llevó detenido a Torres, de 29 años, quien desde junio estaba bajo arresto domiciliario luego de ser apresado en marzo por un caso de drogas.
Durante la operación los agentes se llevaron también a Zacarías, de 33 años, dijo la joven. Los cuerpos de ambos aparecieron luego en la morgue con disparos de arma de fuego.
La hermana del fallecido negó las versiones que refieren que las muertes ocurrieron durante un enfrentamiento armado entre los jóvenes y las fuerzas de seguridad y denunció que en el allanamiento a su vivienda “nos robaron equipos audiovisuales, nos robaron las computadoras, la comida, cosas de mi hermano, cosas de Andrés”.
Las muertes fueron condenadas el lunes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que exigió en un comunicado al gobierno de Nicolás Maduro esclarecer de manera urgente la participación de los miembros de la fuerza pública.
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Al condenar los asesinatos el activista Carlos Correa, director de la organización local Espacio Público dedicada a la defensa de los comunicadores y la libertad de expresión dijo a la AP que este caso “está muy vinculado al patrón de comportamiento del FAES”.
La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció el año pasado que el cuerpo de élite, que ha sido calificado como un “grupo de exterminio” o “escuadrón de la muerte”, está acusado de haber participado en varios asesinatos.
Bachelet exigió al gobierno de Maduro la disolución de las FAES y la creación de un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales, asegurar que sus responsables rindan cuentas y reparar a las víctimas. Su solicitud no fue atendida por las autoridades, que defendieron las actuaciones del cuerpo especial.
Las muertes de Zacarías y Torres ocurrieron a pocos días del asesinato de otro comunicador, José Carmelo Bislisck, quien fue encontrado el 18 de agosto sin vida en un terreno baldío de la población de Güiria, en el estado oriental de Sucre.
Bislisck, quien ejercía como locutor, docente y dirigente del partido oficialista, había realizado denuncias sobre del tráfico de combustible y drogas, trata de personas, extorsión y corrupción en Güiria en el programa que conducía en una emisora local de radio, precisó Correa.
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El activista exigió a las autoridades que investiguen también la muerte de Bislisck, quien fue sacado por la fuerza de su casa por cuatro hombres armados y luego apareció muerto.
