¿Existe una forma correcta o incorrecta para aplicar sanciones?

Por The New York Times/ Farah Stockman

Pascale Solages, una activista anticorrupción de Haití, estalló en lágrimas de alegría el mes pasado cuando escuchó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos finalmente había impuesto sanciones a Michel Martelly, un expresidente de Haití acusado de traficar drogas, lavar dinero y fomentar pandillas violentas en Puerto Príncipe. Fue una señal de que el Gobierno de Estados Unidos, que alguna vez apoyó a Martelly, realmente escuchaba al pueblo haitiano. Y elevó sus esperanzas de que Martelly, que vive en Miami, finalmente pierda su influencia política y sea llevado ante la justicia.

“Es un paso realmente importante”, me dijo.

Sus palabras me impactaron porque he sido crítico de la proliferación de sanciones estadounidenses en los últimos años, después de leer artículos de investigación sobre los daños colaterales que causan. Mientras más leo, más me convenzo de que las sanciones paralizantes a países enteros —como en el caso de Cuba, Irán y Venezuela— son contraproducentes. Crean miseria generalizada, pero fortalecen el control del poder por parte de los autócratas al llevar a la quiebra a empresas independientes que podrían haber servido como contrapeso. Las que quedan de pie quedan en deuda con el régimen o con redes criminales que pueden ayudarlos a eludir las leyes estadounidenses.

Las sanciones también resultan contraproducentes al empujar a adversarios como Cuba, Irán y Venezuela hacia los brazos de Rusia y China, solidificando lo que se ha llamado un “eje de los sancionados”.

Pero las sanciones selectivas, como la congelación de activos y la prohibición de visas a individuos —como el ex Presidente haitiano— a menudo son la única manera de que los cleptócratas y los violadores de los derechos humanos rindan cuentas. Aunque es posible que las sanciones no cambien el comportamiento, envían una fuerte señal e imponen un estigma que puede servir de advertencia a otros. Causan menos daños colaterales y brindan más oportunidades para llegar a acuerdos que pueden cambiar el status quo. Una vez impuestas, dan a Estados Unidos una valiosa moneda de cambio, como la promesa de descongelar activos si el infractor libera a presos políticos o abandona el poder.

Las sanciones selectivas no son perfectas. Las interrogantes sobre el debido proceso —cuántas pruebas de mal comportamiento deben exigirse para imponer sanciones a alguien y si sus cónyuges o hijos también son blanco— siguen sin resolverse.

Sin embargo, en los países que desean seguir vistos con aprobación por Washington, someter a un tipo malo a sanciones puede producir resultados rápidos. El año pasado en Guatemala, las sanciones selectivas ayudaron a rescatar al Presidente democráticamente electo del País, Bernardo Arévalo —un paladín anticorrupción— de un golpe de Estado de la élite cleptocrática.

Cuando fuerzas poderosas parecían dispuestas a impedir que Arévalo asumiera el cargo, dos cosas salvaron la democracia del País. La primera fue un movimiento de protesta inesperadamente fuerte iniciado por líderes indígenas y jóvenes en Guatemala. La segunda fue la Administración Biden-Harris, que canceló casi 300 visas estadounidenses de miembros de la élite de Guatemala e impuso sanciones a Miguel Martínez, un colaborador cercano del Presidente en funciones, Alejandro Giammattei, por “interferir con la transferencia democrática del poder del País”.

Un mes después, Arévalo prestó juramento.

Por supuesto, esas victorias son frágiles y más difíciles de alcanzar en países a los que no les importa enemistarse con Washington. En Venezuela, la Administración Biden alivió las sanciones petroleras a cambio de elecciones libres y justas. Pero el Presidente Nicolás Maduro se ha negado a ceder el poder desde las elecciones presidenciales de julio, en las que casi seguramente fue derrotado. En lugar de ello, se está atrincherando, reprimiendo a los manifestantes y rivales políticos. Edmundo González, un ex diplomático que se cree ampliamente que ganó las elecciones, huyó a España. María Corina Machado, la líder de la Oposición, está oculta.

EU no tiene más remedio que agregar personas a la lista de venezolanos sancionados. Incluso si las sanciones no sacan a Maduro del poder, son una forma de extraer un mínimo de justicia para el pueblo. Maduro y su esposa han recibido sanciones, pero hay empresarios conectados con el régimen que permanecen intactos, incluyendo 232 oficiales militares actuales y anteriores que viven en Florida o poseen negocios allí, afirma Ewald Scharfenberg, un periodista de investigación venezolano.

Sus reportes sugieren que uno de los miembros más infames del régimen de Maduro, Alexander Enrique Granko Arteaga, acusado de tortura por la Unión Europea, logra mantener un pie financiero en Florida vía una red de empresas propiedad de sus familiares y aliados. Scharfenberg sostiene que atacar a empresarios conectados con Maduro en Florida podría debilitar el apoyo al régimen.

El mayor beneficio que puedan traer sanciones así bien puede ser elevar la moral de los activistas sobre el terreno que están arriesgando sus vidas. “Escuchar una voz externa tan poderosa como el Gobierno de EU significa algo para ellos”, dijo Adam Keith, director de rendición de cuentas de Human Rights First.

Solages ha pasado los últimos seis años luchando contra la corrupción y la impunidad en Haití a través de su organización, Nou Pap Dòmi —e intentando lograr que los funcionarios de EU reconozcan que el ex Presidente estuvo involucrado en el narcotráfico y las pandillas, y hagan algo al respecto. Se ha visto obligada a huir de su País y amigos suyos han sido asesinados en la lucha por la justicia y una mejor gobernanza en Haití.

Las sanciones por sí solas no son suficientes, afirmó. “Queremos verlos en cárcel”, me dijo. “Queremos confiscar lo que le robaron al País”. Pero las sanciones al menos sirven como una especie de promesa de que la lucha de los haitianos no será en vano.

© 2024 The New York Times Company