En Colombia el modelo de salud no solo es inoperante, sino que está viciado por la corrupción y la ineficiencia. Un sector que anualmente nueve más de U$ 67,000 mil millones de dólares, lamentablemente presenta un panorama gris por las frecuentes irregularidades que ocurren desde el nivel central hasta el más humilde hospital en una región aislada como el departamento del Amazonas, en los límites de la frontera colombo-peruana.
Cuando se creó el actual sistema de la salud en Colombia, hace 19 años, una de las cosas que se definió fue el que los usuarios tendrían derechos a un Plan Obligatorio de Salud (POS). Por lo tanto, los tratamientos y los medicamentos que estuvieran por fuera de esta reglamentación deberían ser asumidos por los usuarios, pero mediantes acciones judiciales cientos de usuarios lograron que el sistema asumiera dichos pagos y allí fue Troya.
Las acciones judiciales permitieron una avalancha de reclamaciones y abrieron el boquete para que el Estado tuviera que pagar, a través del Fondo de Solidaridad y Garantías los recobros. En virtud de que, la Corte Constitucional colombiana, mediante una sentencia autorizó que las empresas prestadoras de los servicios médicos, hospitales y clínicas cobraran dichos recobros que han generado uno de los peores nichos de corrupción en Colombia.
Es tan grande el desfalco al Estado que los organismos de control han comprobado que funcionarios del ministerio de Protección Social, del Fondo de Solidaridad Garantías (Fosyga) y de la Superintendencia Nacional de Salud, la entidad encargada de la vigilancia y el control de los dineros de la salud, se han creado empresas fantasmas para defraudar el sistema de Salud colombiano.
Por falta de controles en los recobros 14 empresas prestadoras de servicios de salud pasaron de tener recobros de 517 millones de dólares en el 2005 a US$ 3.500 millones en el 2010 y dos años después se ha duplicado esta última cifra.
Por la descomposición administrativa más de 56 instituciones de salud han sido intervenidas, de las cuales el 63% para ser administradas desde la supersalud y el 35% para ser liquidadas por la misma institución. Lo controvertido del asunto es que en la mayoría de los casos las intervenciones han terminado en completos fracasos, porque en lugar de frenar los desangres los han multiplicado.
Los escándalos sobre los desfalcos de la salud en Colombia no cesan, en lo que va corrido de este año más de 30 hospitales, secretarías de salud, IPS y EPS han sido intervenidas por anomalías administrativas y fallas en las prestaciones de servicios. La Fiscalía colombiana, adelanta más de 175 investigaciones por delitos de corrupción administrativa en el sector de la salud y de acuerdo con sus pesquisas en los últimos se han pagado a las EPS por sobre facturaciones, pagos de servicios médicos y de suministros de drogas ficticios cerca de US$ 4,900 millones.
La Procuraduría General de la Nación, también lleva a cabo 35 investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios de varias EPS, 128 contra gobernadores y alcaldes y 15 más contra empleados de hospitales estatales y la Contraloría General ha encontrado que el detrimento patrimonial por recobros, sobrecostos en el sector asciende a U$ 247 millones de dólares.
Para más señales de las marañas de la corrupción en la salud colombiana, hace poco, el presidente Juan Manuel Santos, dijo que el desfalco en el sector de la salud superaba los US$ 30 millones de dólares y que era solo la punta de iceberg de una defraudación de millones de dólares.
En Colombia, la privatización de la Salud ha sido un fracaso, porque mientras la plata se queda en las redes de la corrupción miles de colombianos mueren por falta de atenciones médicas en hospitales y clínicas,
otros sucumben en los famosos paseos de la muerte al no encontrar centros asistenciales que los atiendan con prontitud y eficiencia.
De suerte que urge un cambio profundo al sistema de salud colombiano y como bien lo señala el senador de la oposición Jorge Robledo lo más grave de lo que está pasando en el sistema salud en Colombia es que no tiene reglas claras, no hay quién lo controle y, por ende, navega hacia la bancarrota de la mano de los carteles de la salud que se han estructurado para saquear al Estado colombiano.
