La dirigencia magisterial ha vuelto a la carga con sus desmedidas ambiciones económicas y esta vez ha presentado un reclamo administrativo ante la Secretaría General del Ministerio de Educación para exigir el pago de aumentos salariales y beneficios de colaterales como zonaje, calificación académica y otros para los años 2010-2012. Su nuevo reclamo va directo a la yugular del equilibrio financiero del país, dada su exorbitante cantidad de 55 mil millones de lempiras.
La reacción de algunos sectores es que no debemos prestar atención a dicho reclamo, pues la suma está tan lejos de la capacidad financiera del Estado que no habrá forma de atenderla. Sin embargo, no olvidemos que estamos entrando en un proceso electoral y que precisamente por esto, la dirigencia magisterial consideró que es el momento oportuno para presentarlo.
Evocando algunos sucesos del pasado, el famoso Estatuto del Docente fue aprobado por el Congreso Nacional precisamente como parte de una campaña política, a pesar de las advertencias del aquel entonces ministro de Finanzas de que las cláusulas económicas del estatuto representarían una pesada carga para el erario nacional y que en el tiempo iba a ser prácticamente impagable.
El riesgo de que los políticos atiendan aunque sea una mínima parte de este descomunal reclamo está latente, ante la cacería de votos que se aproxima durante este y el próximo año. Para muestra del pensar y sentir de nuestros políticos, recientemente un connotado dirigente del Partido Nacional expresó, con motivo de la controversia relacionada con los directores escolares, que él no estaba defendiendo a ningún director departamental, pero que sí veía peligroso que el Partido Nacional se fuera a enfrentar con el sector de educación. En otras palabras, los intereses políticos prevalecen sobre los intereses nacionales y esto es natural, porque el horizonte y la visión de los políticos en general se miden en función de las próximas elecciones.
Para que los hondureños nos formemos un concepto, el gasto del gobierno central en el año 2011 fue de L 72.2 mil millones y los ingresos tributarios de L 49.5 mil millones, por lo que el susodicho reclamo representa el 76% del gasto total y el 111% de los ingresos tributarios. La deuda interna de Honduras a finales de 2011 era de L 48 mil millones; el reclamo la duplicaría de un plumazo e incrementaría el gasto anual por intereses en aproximadamente L 4 mil millones.
Desde cualquier ángulo que se analice, el monto reclamado luce irracional considerando la situación de las finanzas públicas y la capacidad financiera del Estado. Pero en nuestro país, la experiencia nos indica que con las presiones de este grupo privilegiado y las ambiciones electoreras de los políticos, todo puede suceder. Igualmente, la experiencia con estos grupos es que los reclamos comienzan con cantidades exorbitantes para al final llegar a un arreglo que satisfaga en algo lo demandado. En este caso, si se atendiera aunque fuera un 20% de la suma indicada, ello representaría L 11 mil millones de gasto adicional, que sigue siendo una suma impagable.
Pero lo peor de todo es que los impuestos que pagamos los contribuyentes y los sacrificios que ha hecho el pueblo hondureño para atender las constantes demandas económicas de este gremio son retribuidos con una ingobernabilidad absoluta que da lugar a una corrupción generalizada, una pésima educación para nuestros niños y jóvenes, condenándolos a seguir viviendo en la miseria y la ignorancia, habiendo convertido los 200 días de clase en una quimera. Para completar este triste panorama, ahora los dirigentes también están abanderando consignas ideológicas y políticas, para lograr sus propias ambiciones de poder y de riqueza.
Los maestros tienen en la bancarrota su instituto de previsión, lo que ha puesto en riesgo las pensiones de los maestros jóvenes que aspiran a tener una jubilación digna en un futuro y las de los maestros que actualmente gozan de una merecida jubilación y ahora también tienen la consigna de llevar a la bancarrota al erario nacional. ¿No será el momento de convocar a un referéndum para que todos los hondureños expresemos nuestra posición sobre el Estatuto del Docente? No sigamos siendo espectadores pasivos de situaciones de interés nacional que nos afectan a todos los hondureños y luchemos por el bien común.
