La contratación de nueva deuda pública externa con bancos transnacionales a través de bonos obviamente hará crecer el saldo de la deuda total y comprometerá aún más la situación de las finanzas públicas para los próximos años. A esa cifra de US$700 millones en bonos “temáticos, verdes, sociales y sostenibles”, hay que sumar los desembolsos de otros organismos internacionales y las nuevas contrataciones con acreedores internos en las próximas semanas y meses. El saldo de la deuda pública total a septiembre de 2024 se contabiliza oficialmente en US$16,468.2 millones (superior a los US$15,700 dejados por la administración anterior) pero, la gran interrogante es: ¿en cuánto se cerrará el saldo a diciembre de 2024? Un cálculo conservador de nuestra parte perfila que superará los US$17,000 millones, cifra
que, en todo caso, no tendrá precedentes.
Como ciudadanos y profesionales, tenemos prohibido olvidar que el fisco fue endeudado peligrosamente sobre todo a partir de 2012 con la figura de los bonos “soberanos”. En aquel entonces, igual que ahora, se presentaba estas contrataciones de deuda como muestras de “confianza” en las políticas gubernamentales y por ser sujetos de crédito respaldados por mediciones de riesgo “aceptables” que, traducido a palabras sencillas, significa que nuestros gobiernos en representación del Estado pagan las deudas financieras sin importar el sacrificio social y productivo. Disculpen que hagamos memoria, pero es la misma narrativa que se está expresando hoy día. Decir que esta emisión de bonos temáticos y verdes “es la segunda con menor riesgo en los últimos 10 años” significa que se está aplicando el mismo esquema que tanto ha cargado el presupuesto con el gigantesco servicio de la deuda.
Lo anterior equivale a creer que para salir del altísimo nivel de endeudamiento público hay que continuar endeudándose. Sería como afirmar que para combatir el alcoholismo hay que seguir libando bebidas alcohólicas. O, para decirlo con mayor crudeza, que para detener un incendio hay que rociar gasolina.
Los bonos en el mercado internacional de capitales son los mecanismos más caros para endeudar gobiernos. Recordemos cómo esos saldos fueron incrementando desde 2012 desde US$1,050 millones, luego US$1,700 en 2017; US$1,800 en 2020. Luego el actual gobierno pagó US$500 millones solo de esos bonos entre 2022 y 2024. Como es lógico, disminuyó el saldo pero, casi de inmediato se reendeudaron recientemente en US$700 millones, quedando un saldo inédito de US$2,000 millones. Solo los bonos soberanos o temáticos han llegado a ocupar el segundo lugar como acreedores externos (20%), solo superado por los organismos multilaterales (72%) y, desplazando claramente a la deuda bilateral. Países como El Salvador muestran también una exposición muy riesgosa al respecto y por eso, no debe servir como pretexto para nuestros gobernantes. En todo caso, El Salvador cuenta con algunas fortalezas respecto a Honduras.
De nuevo, el problema no es endeudarse, sino, en qué se utilizará ese dinero, en qué condiciones (tasas y plazos) y en qué proporción de la capacidad real de pago del erario. Cuando se dice que los nuevos endeudamientos se utilizarán para programas sociales, no olvidamos lo que pregonaba el régimen anterior. El exgobernante decía con henchido aspaviento: “El Bono Vida Mejor es el programa social más grande en la historia de Honduras”. Frases y eslóganes rimbombantes, que siguen endulzando tímpanos, pero que siguen oliendo a ficción, igual hoy día: “La Red Solidaria es el programa insigne del gobierno” para reducir la pobreza y desigualdad.
