En su artículo 44 nuestra Constitución de la República define el sufragio como un derecho y una función pública.
El voto es universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto. Esto se complementa con el artículo 45 que declara como punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país.
Como manda nuestra Constitución, los hondureños que estamos debidamente registrados tenemos la obligación de concurrir a votar, para así expresar en las urnas nuestras simpatías por determinado candidato o partido, después de practicar un análisis riguroso para hacer las mejores escogencias.
La decisión de no votar, ya sea por desidia o como una expresión de disgusto con los líderes o los partidos políticos, nos priva de la oportunidad de votar por las personas que consideramos son las que están mejor preparadas para regir los destinos de nuestro país y peor aún, dejar que otras personas decidan por nosotros.
Las elecciones, en países democráticos, son el instrumento para que los ciudadanos emitan su opinión favorable o desfavorable, expresada través de las urnas. Los ciudadanos tenemos la obligación con nuestro país y con nosotros mismos, de emitir nuestro voto teniendo como fin primordial los mejores intereses nacionales y de las grandes mayorías.
Por lo tanto, los votantes devenimos obligados a analizar en forma objetiva y sin apasionamientos partidarios, cuáles son las mejores personas para conducir los destinos de nuestro país, ya sea a nivel del poder ejecutivo o del legislativo o de las diferentes alcaldías municipales.
Para votar responsablemente tenemos que prepararnos. Revisar las planillas de candidatos, obtener información básica que nos oriente sobre aquellos de los que no tenemos mayor conocimiento y luego seleccionar los que a nuestro mejor criterio son las mejores opciones para gobernar durante los próximos cuatro años.
En el caso de los candidatos a la Presidencia de la República, el análisis se vuelve relativamente fácil, ya que solo tenemos nueve personas que aspiran a esa alta posición. Tenemos un candidato que va por la reelección, algo inédito en nuestra democracia moderna y que para muchos hondureños se ha logrado en violación a nuestra Constitución.
Sin embargo, ante la realidad que tenemos estamos obligados a realizar un análisis objetivo de lo que han sido estos cuatro años de gobierno, los avances o retrocesos experimentados por el país en temas como la macroeconomía, la seguridad, la educación y la salud, así como otros aspectos importantes como la democracia, la institucionalidad, la transparencia y el combate al flagelo de la corrupción.
Para los demás candidatos tenemos su hoja de vida e historial previo a nuestra disposición y que nos debe servir para analizar su nivel de educación, experiencia gerencial y administrativa y su comportamiento personal en cuanto a la ética, la responsabilidad social y sus principios y valores.
En cuanto a los candidatos a diputados, como hay muchos que buscan reelegirse, solo tenemos que hacer memoria de cuál ha sido su comportamiento previo.
¿Han presentado o apoyado iniciativas de beneficio para la gran mayoría de los hondureños o básicamente se han concretado a seguir instrucciones y proteger sus intereses y los de su círculo de poder?
Recordemos el ocho a siete en la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que a criterio de muchos, ha contribuido a que la justicia no se aplique en forma imparcial y objetiva. Busquemos gente joven, que cumpla con los requisitos básicos de idoneidad y fortaleza de criterio.
El análisis riguroso que se recomienda, emitiendo un voto informado, es mejor que solo dejar de votar. Pero además, debemos dejar claro a los triunfadores que no estamos dando un cheque en blanco y que estaremos pendientes de que cumplan sus promesas de campaña.
Finalmente, deseamos que el proceso transcurra en paz y armonía y que tengamos elecciones honestas y transparentes. Esa debe ser la democracia, la voluntad de la mayoría en la toma de decisiones de interés público, independientemente del partido político.
El o los ganadores deben gobernar para beneficio de todos los hondureños y no solo de sus correligionarios o allegados, promoviendo cambios estructurales y coyunturales que logren el desarrollo económico y social de nuestro país, con equidad, transparencia y rendición de cuentas. Honduras es de todos los hondureños.
