El actual conflicto entre el gobierno nicaragüense y la jerarquía católica -que tiende a profundizarse- ha ocurrido también, en distintas épocas, en nuestro país.
Si en el período colonial la Iglesia Católica gozaba de privilegios, monopolizando el muy limitado acceso a la educación formal en el Colegio Tridentino de Comayagua, a cargo del adoctrinamiento de indígenas (“conquista espiritual”), vigilando y persiguiendo a herejes vía Santa Inquisición, pese a ello la Orden Jesuita fue expulsada del Imperio Español (1767).
Con el triunfo de la Revolución Liberal Morazanista (1829), se respetó el articulado constitucional que decretaba la religión católica como la oficial del Estado, excluyendo la observancia pública de cualesquier otra. Simultáneamente, se emitió legislación subordinando el poder eclesial al estatal, suprimiendo la Inquisición, los nombramientos eclesiásticos debían contar con la aprobación gubernamental, prohibiendo la admisión a monasterios y conventos a menores de 23 años y que profesaran menores de 35, reduciendo a la mitad el monto del diezmo, emitiendo ley que concedía a los hijos (as) de sacerdotes y monjas el derecho a heredar, autorizando el matrimonio civil, legalizó el divorcio, aboliendo las órdenes monásticas.
Estas disposiciones fueron rechazadas por la jerarquía católica, secundada por parte del clero, en tanto otro las apoyó. La actividad conspirativa de la máxima autoridad católica en la República Federal, el español Ramón Casaus y Torres, respaldando activamente la reacción conservadora, obligó al presidente Morazán a decretar su expulsión de Centroamérica junto a frailes dominicos, franciscanos, recoletos, confiscando sus bienes.
Al jefe de Estado, Dionisio de Herrera se trató de asesinar a instancias del provisor José Nicolás Irías como reacción por haber decretado el reglamentar el diezmo (1826).José Santos Guardiola fue excomulgado por el vicario Miguel del Cid en represalia por haberse otorgado libertad de cultos a los habitantes de Islas de la Bahía, requisito exigido por Inglaterra para devolverlas a la soberanía nacional (1859). Además, junto a otros sacerdotes empuñó las armas en distintos poblados sureños, en la llamada “Guerra de los curas” (1861), hasta ser derrotados por fuerzas gubernamentales.
Al acceder Marco Aurelio Soto al poder (1876), la etapa conocida como Reforma Liberal, decretó la exclusión de sacerdotes de cargos públicos y docentes, el matrimonio civil como único legal, legalizando el divorcio, implementando el registro civil, secularización de cementerios, educación pública laica, gratuita, obligatoria, suprimiendo cualquier referencia a Dios en la Constitución Política, libertad de cultos, expropiando los bienes de las cofradías.
Durante el régimen de Villeda Morales, se obligó a monseñor Turcios y Barahona a renunciar a su sede, refugiándose en Costa Rica en donde falleció.
En síntesis, las relaciones Iglesia-Estado no han estado exentas de tensiones y conflictos.
