Mientras en Honduras el gobierno del “Socialismo Democrático” no termina de ponerse de acuerdo con el sector privado y continúa mostrando cierta molestia frente al mismo, las autoridades de China Popular están empeñadas en ampliar y consolidar la economía privada del país, especialmente para afrontar una desaceleración económica y para fortalecer la confianza de los inversionistas del sector.
Para concretar ese propósito, en julio del año pasado, las autoridades pekinesas dieron a conocer 31 medidas que buscaban “promover el sector privado”, prometiendo hacerlo “más grande, mejor y más fuerte”, pero los inversores privados se han mostrado reacios a invertir ante la frágil recuperación económica.
Lo deseable sería que nuestros gobernantes también se propusieran hacer “más grande, mejor y más fuerte” al sector privado del país, ya que son los mayores generadores de empleo y en sus empresas se originan los diferentes bienes que Honduras exporta hacia diversos destinos.
En un ambiente lleno de incertidumbre y poblado de mensajes contradictorios, no debe extrañar que la inversión privada se retraiga y hasta emigre hacia otras latitudes. Por ejemplo, según datos oficiales del gobierno chino: “en los ocho primeros meses de 2024, la inversión en el sector privado cayó un 0.2% respecto al mismo periodo del año anterior, en contraste con el crecimiento del 6.0% en el sector estatal”, por lo cual las autoridades de Pekín recientemente publicaron “un proyecto de ley destinado a promover el desarrollo del sector privado, en otro paso para impulsar la confianza de los inversores en las empresas privadas en medio de una desaceleración económica”.
En Honduras bajo la disculpa de contar con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Poder Ejecutivo y sus representantes en el Poder Legislativo impulsan la denominada Ley de Justicia Tributaria, que de acuerdo con varios analistas nacionales “no promueve la justicia” y simplemente busca captar mayores ingresos tributarios para continuar despilfarrándolos.
El argumento central de los defensores de tal proyecto de ley reside en afirmar que los ricos oligarcas deben pagar más impuestos, porque todo el tiempo han evadido hacerlo. Pero lo curioso reside en que teniendo todos los instrumentos legales para sancionar a los evasores, hasta la fecha ninguna empresa de esos ricos oligarcas ha sido castigada.
Otro argumento en favor del proyecto de ley aludido consiste en afirmar que el mismo no supone nuevos impuestos para la ciudadanía, ocultando que al derogar varias exoneraciones y exenciones se está obligando a los pequeños empresarios y a amplios sectores del pueblo a adquirir bienes por los cuales antes no pagaban tributos.
Los partidarios del gobierno acostumbran señalar que las autoridades pasadas aprobaron más de doce decretos que castigaban al pueblo, pero cuando la empresa privada propone que se baje el impuesto sobre ventas (ISV) del 15.0% al 12.0%, se hacen los desentendidos y aplican aquello de “si te he visto no me acuerdo”.
El sectarismo de los congresistas del partido gobernante ha llegado al extremo de no tomar en cuenta el “Proyecto de Equidad Tributaria” presentado en julio del 2023 por el Partido Liberal de Honduras.
Mientras otros se empeñan en hacer “más grande, mejor y más fuerte” al sector privado, los hondureños continuamos discutiendo cómo volver “más pequeño, peor y más débil” a dicho sector.
