Con mucho interés y satisfacción hemos visto, como pilar fundamental del Programa de Gobierno del candidato del Partido Liberal, el compromiso de fortalecer la institucionalidad.
Frecuentemente, en conversaciones que tenemos con amigos y conocidos, se critica esta postura estadista por ser poco eficaz con la mayoría de la población hondureña, atribuyéndole a la ciudadanía una ausencia de compresión, inteligencia y educación que no le permite conectar el vínculo directo que existe entre la ausencia de institucionalidad y la pobreza que afecta a la mayor parte de los hondureños.
Vemos cómo entonces los políticos comunes y corrientes concentran sus esfuerzos en mitigar las necesidades de la población con remedios temporales, que solo hacen que el malestar desaparezca por unos momentos, pero que no van a la raíz del problema.
La política asistencialista y de subsidios suplanta la visión del estadista que procura crear las condiciones para que no sea más necesario el asistencialismo. Los malos políticos, en cambio, lo fomentan.
Don Luis Zelaya, entre otras cosas, propone el fortalecimiento de la institucionalidad pues entiende que la ausencia de esta está directamente vinculada con la corrupción, desde que las instituciones del Estado que tienen la tarea de perseguir y castigar a los delincuentes no pueden actuar en forma independiente e investigar y juzgar a todos los criminales culpables por la ausencia de medicinas, hospitales, escuelas, postas de policías, canchas deportivas y proyectos habitacionales.
La ausencia de institucionalidad y la debilidad del Estado de Derecho también se refleja en forma sustancial en la decisión que toman las empresas extranjeras para venir a nuestro país e invertir sus recursos, pues reconocen en la debilidad de nuestras instituciones de justicia, en la inestabilidad fiscal, en la ausencia de seguridad pública y en la falta de controles ejercidos por los pesos y contrapesos del sistema republicano, un clima desfavorable y de mucho riesgo para su inversión.
Los que debilitan la institucionalidad, entonces, son culpables directos de la ausencia de oportunidades de empleo para nuestra población.
El control absoluto de las instituciones del Estado, incluyendo aquellas que supervisan el uso de nuestros recursos recaudados como tributos que todos pagamos, permite que el funcionario público pueda hacer mal uso de estos, utilizándolos para fines distintos para los cuales fueron presupuestados y en algunos casos, peor aún, para engrosar las bolsas de políticos y empresarios corruptos que ven en las arcas del Estado su única fuente posible de ingresos, pues no tienen ni el conocimiento ni la preparación ni la iniciativa empresarial para destacar por sus propios méritos, derivados de su creatividad, inventiva o emprendedurismo.
El pueblo hondureño, en la medida en que los políticos permitan que se eduque, irá entendiendo la conexión directa que existe entre el fortalecimiento de la institucionalidad y el surgimiento de oportunidades que mejoren su calidad de vida.
Mientras tanto, seguiremos padeciendo las consecuencias de una institucionalidad débil, que golpea a todos los sectores, pero con más fuerza a aquellos que no tiene ni qué comer ni dónde vivir.
