Revuelo ha causado el nombramiento del nuevo secretario de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco), Max Alejandro Gonzales Bonilla, conocido como Killa en el mundo artístico. El nuevo titular de Copeco, cuando se le preguntó acerca de su formación profesional no pudo mostrar título que lo acreditara como graduado universitario, se le conoce en el mundo artístico como cantante en el género de rap y reguetón, en este campo uno de sus mejores éxitos ha sido “El que la hace la paga”.
No se puede pedir mucho en un país donde, según la Constitución de la República, para ser presidente de la nación, diputado y secretario de Estado, los únicos requisitos que deben reunir es ser hondureño por nacimiento, mayor de 30 años, (en el caso de los diputados 21 años), estado seglar y estar en el goce de sus derechos ciudadanos. En la normativa vigente, cualquier analfabeta puede llegar a la presidencia de la nación o ser ministro en el gobierno.
El presidente Juan Orlando Hernández está mandando un mensaje negativo a los jóvenes del país; sí, en Honduras para obtener un trabajo en la administración pública lo que se necesita es dar muestras de militancia partidaria o, en el mejor de los casos, haber tenido una figuración como artista, comunicador social o deportista, para qué “quemarse las pestañas estudiando” es la desalentadora conclusión a la que pueden llegar los jóvenes.
De nada sirve el mensaje a los estudiantes de los padres de familia, comunicadores sociales y profesores en el sentido de exhortar a los alumnos a esforzarse por el estudio, investigación y el conocimiento de la realidad social y de la naturaleza, si el gobierno, sin ninguna consideración, más que ostentar el poder, nombra en un puesto de la administración pública a
un neófito.
Copeco a lo largo de su historia ha ido haciéndose de un personal altamente calificado, con posgrados, cursos en el exterior y una experiencia de años. Para ese personal también resulta incongruente y hasta desestimulante un nombramiento como el que se hizo en la entidad mencionada.
El código de ética de los funcionarios públicos de la mayoría de los países establece como principio básico la idoneidad, que es la formación técnica y profesional sólida de acuerdo con el desempeño de la labor para la cual la persona ha sido nombrada o contratada. Nombrar o aceptar un cargo para el cual no se tiene la formación, conocimiento ni experiencia es una forma de deturpar la función pública en menoscabo de los intereses colectivos.
Pasaron los tiempos en los cuales los gobiernos, aun con posiciones conservadoras, se preocupaban por nombrar en aquellos puestos de la administración más importantes a personas con un alto nivel de formación, experiencia y credibilidad, sin desconocer que siempre se colaba uno que otro funcionario del activismo político que habitualmente se convertía en el que canalizaba las demandas de los militantes del partido ante el gobierno
de turno.
Una buena administración pública es aquella que se centra en el ciudadano y no en el poder arbitrario que ve la función pública como su hacienda particular
