En el curso del reciente paro del transporte público se abordaron varias temáticas relevantes para la población, entre ellas la necesidad de llegar a un gran acuerdo -vía consenso previamente debatido- respecto a las prioridades que debe poseer el Presupuesto General de la República, las diversas variables y criterios que inciden en las distintas partidas y asignaciones, transferencias, ajustes, partidas confidenciales, exoneraciones y disposiciones.
La secretividad con que se elabora debe dar paso al debate público, transparente, no solo por parte del Congreso Nacional, también por distintos sectores sociales, ya que su aplicación impacta -directa e indirectamente- en la totalidad de las y los compatriotas. En este sentido, debe dársele crédito al Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) por sus periódicos análisis y propuestas al respecto.
Cada vez adquiere mayor preocupación los alarmantes montos de endeudamiento que contrae el gobierno con organismos internacionales de crédito y banca privada nacional y extranjera, particularmente los onerosos bonos soberanos, con tasas de interés sumamente elevadas y la deuda pública flotante. Solo este año 2018 deberán pagarse L 34,000 millones por concepto de intereses y capital para amortizar y poder tener acceso a préstamos adicionales. Hace cuatro años (2014), el servicio de la deuda ascendió a casi L 28,000 millones, superior que los presupuestos asignados a Salud y Educación, en que el pago de salarios, dietas, viáticos, más la corrupción imperante consume una parte significativa de lo otorgado anualmente.
La pregunta clave sigue teniendo plena vigencia: ¿Qué sucedió con el perdón de un porcentaje significativo de nuestra deuda externa por parte de la comunidad internacional al ser clasificada Honduras como “nación pobre altamente endeudada”? Esa oportunidad de rectificar fue desperdiciada y al poco tiempo de haber sido concedida se reanudó un nuevo y mayor ciclo de endeudamiento que prosigue imparable.
El sistema tributario históricamente ha afectado a los sectores sociales de menores y medianos ingresos, particular pero no exclusivamente, vía impuesto sobre ventas, favoreciendo a intereses poderosos política y económicamente, favorecidos con dispensas y exenciones tributarias. Su carácter regresivo implica un sacrificio fiscal por parte del Estado, castigando a muchos y beneficiando a pocos. El pago de los servicios públicos también posee un carácter preferencial hacia grupos pudientes, pese a las deudas acumuladas por concepto de no pago por estos.
La adquisición de armamento sofisticado reviste carácter prioritario en detrimento de la reducción de la pobreza extrema, pese a que no existen amenazas de conflicto bélico con países cercanos o lejanos.
Entre tanto, la corrupción e impunidad continúan imparables transfiriendo dineros públicos a bolsillos privados, debilitando aún más la creciente desconfianza colectiva en la institucionalidad, no solamente en los poderes Legislativo y Judicial, en donde se legisla y sentencia en pro de las y los corruptos, garantizándoles que cuentan con luz verde para continuar el saqueo sistemático y en toda regla, estigmatizando a quienes se atreven a acumular pruebas irrebatibles que evidencian tal cohecho.
