La múltiple y severa crisis que aqueja a Honduras no solo se refiere a lo sanitario, social, económico, político, también incluye un grave déficit ético, por el cual la conducta humana ha sido deformada y trastocada en la escala de valores que deben regir las relaciones interpersonales e intergrupales, invirtiéndolas.
Así, la transparencia ha cedido paso a la secretividad, al subterfugio, la hipocresía, el cinismo, la mentira, evitando el indispensable rendimiento de cuentas a la nación por parte de los gobernantes.
El logro de bienes materiales mediante el trabajo cotidiano, honesto, ha sido revertido a su adquisición.
Vía defraudación, sobornos, coimas, sustracción de fondos públicos y privados, estafas, incumplimiento de compromisos, narcotráfico. Es así como surgen fortunas instantáneas, de origen más que sospechoso por su procedencia.
Quienes llegaron a escalar posiciones de poder se avergonzaron de sus orígenes modestos, ocultándolos, asumiendo falsas identidades, poses de soberbia y arrogancia en su trato con los de abajo, pero rindiendo pleitesía y genuflexiones a las élites y poderes fácticos.
Las cúpulas religiosas se aliaron a esta degradación; en sus prédicas, sermones, homilías y escritos justificaron el nuevo orden inculcando en su feligresía sentimientos de pasividad, resignación, fatalismo, aceptación de hechos calificados de irreversibles. A cambio, fueron recompensados con donativos, viajes, cargos públicos. El precepto constitucional de Estado laico fue quebrantado.
Comunicadores que algunas veces expresaron posiciones en pro del bien común pasaron a constituirse en voceros defensores de lo injusto, arbitrario, ilegal, organizando campañas publicitarias prooficialistas, intercambiándolas por dinero, dispensas, exenciones, emergiendo en corto tiempo como propietarios de medios de comunicación cuando ayer nomás eran asalariados.
A partir del golpe del año 2009, políticos opositores, tradicionales y emergentes, sucumbieron ante sobornos, transformándose en colaboradores incondicionales del régimen.
Las votaciones en el Congreso así lo confirman. Unos continuaron militando en su partido político, otros pasaron a ser tránsfugas, todos actuando al unísono, de conformidad a “órdenes superiores”. Varios de ellos(as) están implicados en hechos delictivos, para lo cual procedieron a “blindarse” con reformas al Código Penal que reducen las sanciones.
Amoralidad e inmoralidad se conjuntaron para dar aires de respetabilidad y honorabilidad a personas que, con sus actuaciones, contradicen cualquier código ético de cualquier país y época.
Hoy se requiere de un rearme moral que impida un mayor deterioro individual y colectivo. Que lejos de admirar a las y los corruptos los condene a la ignominia y la repulsa ciudadana, ya que corrompieron e infectaron con sus actuaciones al tejido social y a la axiología.
Así, la transparencia ha cedido paso a la secretividad, al subterfugio, la hipocresía, el cinismo, la mentira, evitando el indispensable rendimiento de cuentas a la nación por parte de los gobernantes.
El logro de bienes materiales mediante el trabajo cotidiano, honesto, ha sido revertido a su adquisición.
Vía defraudación, sobornos, coimas, sustracción de fondos públicos y privados, estafas, incumplimiento de compromisos, narcotráfico. Es así como surgen fortunas instantáneas, de origen más que sospechoso por su procedencia.
Quienes llegaron a escalar posiciones de poder se avergonzaron de sus orígenes modestos, ocultándolos, asumiendo falsas identidades, poses de soberbia y arrogancia en su trato con los de abajo, pero rindiendo pleitesía y genuflexiones a las élites y poderes fácticos.
Las cúpulas religiosas se aliaron a esta degradación; en sus prédicas, sermones, homilías y escritos justificaron el nuevo orden inculcando en su feligresía sentimientos de pasividad, resignación, fatalismo, aceptación de hechos calificados de irreversibles. A cambio, fueron recompensados con donativos, viajes, cargos públicos. El precepto constitucional de Estado laico fue quebrantado.
Comunicadores que algunas veces expresaron posiciones en pro del bien común pasaron a constituirse en voceros defensores de lo injusto, arbitrario, ilegal, organizando campañas publicitarias prooficialistas, intercambiándolas por dinero, dispensas, exenciones, emergiendo en corto tiempo como propietarios de medios de comunicación cuando ayer nomás eran asalariados.
A partir del golpe del año 2009, políticos opositores, tradicionales y emergentes, sucumbieron ante sobornos, transformándose en colaboradores incondicionales del régimen.
Las votaciones en el Congreso así lo confirman. Unos continuaron militando en su partido político, otros pasaron a ser tránsfugas, todos actuando al unísono, de conformidad a “órdenes superiores”. Varios de ellos(as) están implicados en hechos delictivos, para lo cual procedieron a “blindarse” con reformas al Código Penal que reducen las sanciones.
Amoralidad e inmoralidad se conjuntaron para dar aires de respetabilidad y honorabilidad a personas que, con sus actuaciones, contradicen cualquier código ético de cualquier país y época.
Hoy se requiere de un rearme moral que impida un mayor deterioro individual y colectivo. Que lejos de admirar a las y los corruptos los condene a la ignominia y la repulsa ciudadana, ya que corrompieron e infectaron con sus actuaciones al tejido social y a la axiología.
