La seguridad jurídica es un tema que de manera constante escuchamos en la opinión pública, acompañado de ello, se menciona que, sin seguridad jurídica no hay inversión, sin inversión no hay fuentes de empleo y, por ende, prolifera la pobreza lo que se traduce en más hondureños cruzando nuestras fronteras buscando mejores condiciones. ¿Qué es seguridad jurídica? Es la garantía de la igualdad de todos ante la ley, de modo que los derechos de todas las personas y sus bienes son respetados y garantizados. Es la certeza del derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas para que su situación jurídica no sea modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente aprobados. La piedra angular de la seguridad jurídica es en primer lugar, vivir en un Estado de derecho.
¿Vivimos en un Estado de derecho en Honduras? ¿Existe seguridad jurídica? Quiero creer que si vivimos en un Estado de derecho, sin embargo, de manera constante es vulnerado por múltiples irregularidades cometidas desde los gobiernos de turno, por ende, ese ataque constante hacía nuestros preceptos legales y constitucionales propicia que no tengamos seguridad jurídica, un ejemplo de ello, es el actuar irresponsable del gobierno anterior, haber aprobado las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), ahí se violentó nuestra Constitución de la República, ese actuar provocó que llegarán inversores y los mismos actualmente estén con inseguridad e incertidumbre y no saben que pasará con el capital invertido en un régimen que legalmente se aprobó de manera controvertida y que, con la publicación de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), estará expulsado de nuestro estamento jurídico.
Por otra parte, no puedo dejar de mencionar algo, la CSJ está actuando de la manera que tuvo que haber actuado la Corte anterior, pero debemos tener los ojos en las demás instituciones, el Estado de Honduras al haber denunciado el convenio de extradición, el convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), avalando dictaduras extranjeras, amedrentando la sociedad civil, criticando de manera visceral al sector privado, eligiendo autoridades de manera atípica, amnistiando delitos que no son políticos ni conexos, no está promoviendo la seguridad jurídica qué debería existir, lo que provoca esto es dar un mensaje incorrecto a la comunidad internacional de lo que es Honduras.
Lo lamentable detrás de todo esto, es que la seguridad jurídica de nuestro Estado está en manos de la clase política, la que evidentemente se ha dedicado a cuidar de sus intereses particulares y no del pueblo hondureño.
