Cuando una persona localizada en Londres o Nueva York analiza la posibilidad de invertir su capital en algo diferente al mercado de valores, depósitos o futuros, consulta con su asesor de inversiones y pregunta qué oportunidades de negocios existen que puedan hacer que su portafolio de inversión se diversifique y no concentrar el riesgo de sus inversiones en un solo lugar o sector.
El asesor entonces recurre a las fuentes de información más reconocidas del mundo que periódicamente hacen estudios para determinar el grado de seguridad que los países presentan para que los inversionistas puedan evaluar, con relativa exactitud, el riesgo al que están exponiendo sus capitales si decidieran invertir en tal o cual Estado.
Las agencias de medición de riesgo que determinan con sus evaluaciones la calificación de riesgo de cada país, los informes emitidos por el Banco Mundial (doing business) que anualmente consultan a despachos legales sobre la situación relativa a la seguridad jurídica en los países y los informes de competitividad que distintas agencias emiten, son la fuente primordial de información a la que recurren los analistas a efecto de recomendar a sus clientes un país en vez de otro.
Por supuesto que nada sustituye el mensaje enviado por aquellos que ya tuvieron oportunidad de invertir en un país, quienes pueden dar testimonio de su experiencia haciendo negocios en determinado lugar e influenciar positiva o negativamente la decisión de otro inversionista.
El Estado debe ver entonces con mucha preocupación la salida de reconocidas empresas de nuestro país en los últimos años. Es difícil comprender cómo una empresa que en 2008 invirtió más de trescientos millones de dólares en el sector telecomunicaciones, sale corriendo del país cuatro años después.
Igual ocurrió en el caso de un banco de capital oriental, que luego de pocos años de permanecer en Honduras, decidió salir y vender su operación. Lo mismo ha ocurrido con reconocidas petroleras. Esta tendencia envía un mensaje preocupante que se esparce por el mundo a tremenda velocidad.
¿Por qué iría usted a un restaurante del cual todos, incluyendo su dueño, hablan mal y en el cual su vecino, amigo o conocido relata haber tenido una pésima experiencia?
Para poder fomentar la inversión, el Gobierno Central, a todos sus niveles, debe estar compenetrado y ejecutar una política pública congruente con ese objetivo. Los gobernantes deben entender y manejar con claridad el proceso de análisis que ocurre en la cabeza del inversionista y evitar tomar decisiones que lejos de incentivar la llegada de inversión, la ahuyentan.
Remover magistrados a conveniencia, modificar las condiciones tributarias del país, la corrupción en el Poder Judicial, la inseguridad personal, la confrontación política, el pago del “impuesto de guerra” o comisiones para acceder a negocios con el Estado y los abusos de alcaldes sin escrúpulos mediante el cobro de tasas y cargos ilegales. Todas estas son señales negativas para un inversionista y quien llegue a la Presidencia de la República y pretenda que los capitales de inversión vengan a Honduras bajo esas condiciones se quedará esperando por largo rato.
Veremos qué pasa con el nombramiento de los comisionados de Competencia. Ese será otro mensaje más para quienes analizan el riesgo de país que existe en Honduras.
