Honduras es una de las naciones americanas con mayor grado de pobreza, junto con Haití, Nicaragua, Bolivia y Surinam. Y sus niveles de desigualdad de ingresos y oportunidades se agrupan junto con Colombia, Brasil y Chile entre los países mas polarizados en lo social y económico.
Los indicadores utilizados por Naciones Unidas así lo confirman al analizar las necesidades básicas insatisfechas de la gente. A nivel centroamericano, nuestra patria posee la mayor proporción de pobreza en relación con su población total, especialmente en las áreas rurales.
Los más afectados son los niños y jóvenes en edades de 0 a 14 años. El acceso a la educación, salud, vivienda, agua potable, saneamiento, se tornan difíciles o imposibles para amplios sectores poblacionales, al igual que el empleo, todo lo cual se combina para reforzar la inequidad, entendida como la justicia en el reparto y el acceso a los bienes y servicios que favorecen el bienestar y desarrollo humano de las personas.
La denominada Ley de Ordenamiento de las Finanzas Publicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión incluye la aplicación del Impuesto sobre Ventas, incrementado del 12% al 15% a los alimentos, lo que provocara que 83,000 compatriotas más descenderán a la pobreza, por cuanto solamente 35 productos alimenticios quedarán exentos del ISV, en tanto el resto de la canasta básica será gravado con el inédito tributo denominado Contribución Especial del 3% sobre las Ventas Netas de Bienes o Servicios Realizados por Personas Naturales o Jurídicas en el Mercado Nacional.
De acuerdo a estimaciones del Fosdeh, el impacto inflacionario de tal medida ascenderá a Lps. 3,000 millones, y una recaudación calculada en al menos 1.4% del Producto Interno Bruto, cantidad que se cargará al precio de los alimentos.
En otras palabras, el gobierno percibirá mayores ingresos tributarios a costa del hambre de las y los compatriotas, medida que obviamente generará descontentos y rechazos por parte de los consumidores.
Está justificado gravar aquellos alimentos y bebidas importadas, consumidas por la clase alta, pero no aquellos elementos de la dieta diaria de las mayorías también sean incluidas en este aumento.
Las implicaciones políticas de tal disposición son obvias: de una parte, descrédito del próximo gobierno, descenso en su credibilidad y legitimidad, aun entre aquellas personas que otorgaron su voto y su confianza a favor del candidato a la Presidencia por parte del Partido Nacional; de otra, la utilización y manipulación de tal hecho, hoy ya consumado, por parte de sectores de la oposición que buscan, antes que nada, llevar agua a sus molinos partidistas en un intento por ahondar las diferencias entre clases sociales, exacerbando así la conflictividad, propiciando un clima de inestabilidad.
