Sin lugar a dudas Honduras vive tiempos extraordinariamente difíciles en materia de seguridad, es una situación de emergencia que debería preocupar a toda la sociedad, en especial a los sectores que tienen algún grado de organización e incidencia en la vida nacional. El silencio o la indiferencia alimentan el problema, pensar que solo es un asunto del gobierno es un grave error. La inseguridad no es nueva en el país, pero sí su dimensión. En la década de los ochentas fue la violencia política de la región centroamericana la que tocó nuestras puertas, en los noventas el inicio del fenómeno de las maras y con el nuevo siglo aparecieron los señores de la droga.
Frente a la creciente inseguridad y delincuencia de los últimos treinta años, las instituciones del Estado se fueron debilitando, volviéndose muy poco efectivas, lo que a su vez produjo la casi total impunidad de los delincuentes de todo tipo que deambulan por el territorio. Uno de los factores que incidió en la falta de reacción de las instituciones y autoridades responsables de la seguridad y la justicia en el país fue la abigarrada corrupción de una buena parte de la clase política y empresarial del país. Es sabido por los expertos en temas del delito que el delincuente se aventura a realizar sus fechorías con base en el cálculo costo-beneficio de sus negocios ilícitos, es decir, si su análisis le indican que por robar, traficar o matar las posibilidades que lo capturen, enjuicien o condenen son bajas, porque puede comprar a las personas que intervienen en el aparato estatal de seguridad y justicia, entonces no se detendrá. Pero, si por el contrario, observa que las autoridades cada vez más persiguen a los malvivientes y aplican la ley de forma implacable, lo más seguro es que se abstengan o se vayan a otra parte que les sea más favorable.
La delincuencia de los narcóticos movió sus negocios a Centroamérica porque en sus análisis y cálculos del costo-beneficio encontraron que aquí es fácil violar la ley y quedar impunes, porque hay muchas personas con débiles valores éticos y morales al frente de las instituciones, que ante un maletín lleno de moneda verde son capaces de entregar su alma al diablo.
En consecuencia, la tarea de todos es exigir que se aplique la ley con firmeza y sin miedo, que se nombre en las instituciones de seguridad y justicia a funcionarios que lleguen a realizar su trabajo y no a tolerar el delito. Todo lo demás vendrá por añadidura.
Las autoridades de gobierno, políticos, empresarios y ciudadanía organizada, sin sectarismos políticos, deben realizar un pacto para frenar definitivamente el deterioro de la seguridad, porque de lo contrario se caerá en una situación muchos más peligrosa de lo que hoy tenemos, en la cual nadie saldrá ganando, todos perderán algo. Las estrategias definidas para combatir el crimen organizado no deben ser alteradas por la persona que gane las elecciones, obviamente que se puede mejorar y profundizar, pero sería fatal retroceder en lo que se ha avanzado hasta el momento.
En esta lucha es necesario destacar el papel que está desempeñando el gobierno de los Estados Unidos, a través de su Embajada en Tegucigalpa. Es claro que es imposible que los hondureños solos podamos enfrentar o disuadir al crimen organizado. Es por ello que en los últimos tres años, desde que se produjo el cambio de Embajadora, las acciones en materia de seguridad de esa nación son cada vez más claras, firmes y continuas.
Las declaraciones de la señora Lisa Kubiske son frecuentes y muy contundentes respecto a la necesidad de que las instituciones hondureñas hagan su tarea en el combate a la delincuencia organizada, en especial el narcotráfico.
Pero no solo declaraciones, hay comprometidos en este esfuerzo del gobierno de los Estados Unidos personal, recursos de todo tipo e incluso instituciones del más alto prestigio como el Departamento del Tesoro, que ha enfocado sus miras en los negocios ilícitos que se realizan aquí y que afectan su territorio y a sus ciudadanos.
La opinión pública, que está poco informada de lo que se mueve en el subsuelo del país, debe tratar de entender entre líneas las declaraciones necesariamente diplomáticas de la señora Kubiske. Cada vez que ella habla del tema de seguridad de Honduras envía un potente mensaje que hay que saber interpretar y acompañar.
