Un país pobre como Honduras demanda que los programas y proyectos que se incluyen en los planes de gobierno se realicen con los mayores índices de transparencia, y se garantice el buen uso de los dineros que se destinan a los mismos. La falta de recursos frente a las altas necesidades de los que menos oportunidades y acceso a los beneficios del Estado tienen, así lo demandan.
Los funcionarios deberían tener claro que su misión como tales es garantizar el buen uso de esos dineros y la conclusión de las obras.
Uno de los temas que deben investigar de oficio son las anomalías que están siendo descubiertas por el equipo investigativo de EL HERALDO, en el programa gubernamental de cosechadoras de agua.
El equipo periodístico ha documentado el descontento de los campesinos que pusieron sus esperanzas en un proyecto que les vendieron como una puerta para enfrentar -principalmente- la escasez de comida en sus comunidades, golpeadas por las prolongadas sequías. Todo resultó un fiasco.
La falta de planificación, corrupción e intereses particulares de las autoridades llevaron al fracaso del mismo. Los agujeros se hicieron en terrenos seleccionados de forma extraña, y mucho menos les dotaron de la tubería y las conexiones respectivas, denunciaron quienes esperaban mejorar sus cultivos con las cosechadoras, y han lamentado que las autoridades no se hayan interesado en un período de más de cinco años en evaluar la efectividad del proyecto valorado en más de 200 millones de lempiras.
La denuncia ya es pública. Solo queda esperar que los organismos competentes del Estado actúen con diligencia en la investigación y documentación de esta anomalía y lleven a los responsables de la mala planificación, mal manejo y mala ejecución a los tribunales de justicia.
Tienen que sentar un precedente para parar la fiesta que muchos hacen con los dineros de uno de los pueblos más pobres de América.
