El Ministerio Público informó que la autopsia médico legal realizada a la estudiante de Enfermería de la UNAH, Keyla Patricia Martínez (26), reflejó “que la muerte de esta joven fue por asfixia mecánica y esto de acuerdo a Medicina Legal lo que demuestra es que fue un homicidio”.
Lo anterior solo significa que Keyla fue asesinada en la celda donde había sido recluida la noche del sábado por los agentes policiales que la detuvieron horas antes en la ciudad de La Esperanza, Intibucá.
Indignante. Quienes estaban obligados a preservar su vida, se la quitaron.
En medio del dolor que golpea a su familia, amigos y compañeros de estudio, y la indignación social que ha generado el caso, ha sido importante que el Ministerio Público haya dado a conocer el resultado de la autopsia y cerrar con ello la posibilidad de la manipulación del mismo, como ya se comenzaba a especular.
Ahora queda esperar que todas las instancias legales involucradas sigan funcionando y se proceda a identificar y castigar a los responsables, pero también es imperativo que se abra paso a una nueva y profunda revisión de las estructuras de la Policía Nacional en todos sus niveles, esto porque las denuncias de los abusos de autoridad por parte de los agentes policiales son recurrentes a lo largo y ancho del país. “Sin duda es una práctica sistemática de abuso de poder, de violación de los derechos humanos, sobre todo de las mujeres que somos las más frágiles”, ha dicho a los periodistas una dirigente del colectivo Visitación Padilla, que ha demandado a su vez que la justicia investigue los centenares de casos que duermen el sueño de los justos en las gavetas de las instituciones encargadas de su investigación.
Hay que actuar con urgencia. Los casos de Alda, Leonor, Keilyn y Griselda, quienes también fueron asesinadas en los últimos tres días en el país, y de centenares de mujeres más que han sido víctimas de la violencia en los últimos años, no pueden ni deben continuar en la impunidad.
