A dos años de su implementación, los niveles de violencia y delincuencia en el país siguen al alza, los grupos delincuenciales actúan a sus anchas a lo largo y ancho del territorio nacional, los robos en autobuses y calles no se reducen.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha reportado más de 600 denuncias por violación a los derechos humanos vinculadas al estado de excepción, mientras que el organismo no gubernamental ASJ dijo ayer que al menos 304,000 hogares son víctimas de la extorsión en Honduras.
A pesar de la reducción en la incidencia de estos casos que reportan las autoridades de Seguridad, las tasas de homicidios, feminicidios y masacres siguen siendo altas, al igual que los índices de impunidad.
Los grupos delincuenciales que cobran extorsión también se han multiplicado. Hay transportistas que aseguran pagar hasta seis rentas mensuales, a igual número de organizaciones criminales. Las detenciones por esta causa no son proporcionales con el incremento del delito.
La situación es grave, principalmente en zonas urbanas tomadas por los grupos delincuenciales que hacen los cobros ya no solo a comerciantes, empresarios y transportistas, sino también a los residentes en las zonas que manejan.
El estado de excepción, aprobado en diciembre de 2022, ha sido uno de los pilares de las políticas de seguridad de la actual administración gubernamental, impulsado, inicialmente, como una “guerra contra la extorsión”, delito que a la luz de las denuncias de los afectados y de los estudiosos de temas de seguridad, no se ha reducido en lo que tiene de vigencia la medida.
Las estadísticas, las denuncias están a la mano de las autoridades, llamadas, sin duda, a revisar las políticas de seguridad con el fin único de garantizar la vida y los bienes de los hondureños, que en estos momentos están a expensas de los delincuentes.
