Diciembre no ha sido la excepción. En este mes fueron varias las mujeres que perdieron la vida en forma violenta y que, desgraciadamente, unieron sus nombres a una larga lista de víctimas.
Uno de los últimos casos que ha conmocionado a la sociedad es el de la niña de 13 años, Nicol Sarahí Villeda Velásquez, quien había sido reportada como desaparecida desde el domingo 22 de diciembre en la colonia Pineda, de La Lima, Cortés, y encontrada muerta cuatro días después en las cercanías del sector en el que se había reportado su rapto. Su cuerpo estaba en estado de descomposición, semidesnudo y tenía su rostro amoratado. El o los hechores del abominable crimen se encuentran prófugos de la justicia.
Las autoridades policiales dicen que buscan a los responsables, pero como ya casi se ha hecho costumbre, con el paso de los días la presión social se diluye y la búsqueda de los responsables también, lo que hace suponer que este será un caso más que pasará a engrosar la lista de casos impunes a nivel nacional. Ojalá y no sea así.
Los altos números de violencia hacia mujeres y niñas, muertes violentas y femicidios en Honduras son inaceptables, e inaceptable es también que las cifras de muertes siguen subiendo ante la pasividad de las autoridades.
Son muchas las deudas pendientes del Estado con sus mujeres y sus niñas, lo que les obliga a sentarse a redefinir las políticas de atención de los problemas que las afectan y las relegan.
Se requiere, sin duda, una revisión de lo que se ha hecho hasta ahora y del impulso de políticas públicas efectivas, de procesos de educación integrales, del fortalecimiento del sistema de justicia y de las acciones de protección a las víctimas. La impunidad no debe seguir siendo la bandera que arrope estos casos.
