A poco más de dos meses para que concluya el actual año escolar, se conocen los resultados de las estadísticas oficiales e investigaciones especializadas que dan cuenta que en 2024 Honduras no ha logrado recuperar la matrícula escolar a las cifras que se tenían en los años previos a la pandemia de covid-19. Se trata de niños, niñas y jóvenes que estuvieron en el sistema de enseñanza y por diversas razones no retornaron a la escuela o de menores que no han sido matriculados por varios motivos, principalmente la pobreza que golpea a sus familias.
Este es un problema que no debemos dejar pasar desapercibido, pues afecta directamente a niños y adolescentes a quienes el Estado está obligado a proteger y garantizar su derecho a la educación. Las causas por las que más de 65,400 niños y niñas en edad escolar no están ahora mismo en el aula de clases son variadas, pero resalta la condición económica de sus familias viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema, lo que les impide enviarlos a la escuela, y a los niños los empuja a trabajar desde tempranas edades.
Es un problema que empuja a la temida migración, pero también, un hecho que los condena a seguir viviendo en pobreza, a empleos con baja remuneración, los hace presas fáciles de los grupos delictivos.
También que afecta a la economía porque una fuerza laboral menos educada impacta negativamente la competitividad económica de la nación, limitando su capacidad para innovar y desarrollarse. No se puede desconocer que el actual y anteriores gobiernos hacen esfuerzos para mantener a los niños y las niñas en las escuelas, pero también que los mismos no son suficientes para lograr el objetivo.
Las autoridades educativas, el gobierno, la sociedad en general debe replantear su visión sobre este problema y, conjuntamente, redoblar esfuerzos para atraer a niños y niñas a los centros escolares y garantizarles su derecho a la educación y a una vida mejor.
