Pasan las horas y no se tienen informes de las 14 personas desaparecidas en el departamento de Atlántida y los cinco jóvenes de Tegucigalpa. Tampoco hay informes sobre los asesinos del menor Richard David Ávila Nieto, estudiante del Instituto España Jesús Milla Selva, y de Erick Daniel Bonilla Pérez, un chico de 16 años asesinado a balazos presuntamente por un miembro de la Policía Nacional en horas de la noche del jueves 13 de junio entre la segunda y tercera avenida de Comayagüela.
Todos estos hechos han conmocionado a la población hondureña, que demanda una mayor acción de las autoridades para aclarar el paradero de las personas raptadas en Atlántida y Tegucigalpa, así como dar con los asesinos de los dos jóvenes.
Las autoridades policiales dicen que para la investigación de estos hechos se han conformado equipos especiales de investigadores, pero los familiares de las víctimas siguen esperando los resultados.
Se tiene que ser más diligente, estos casos no deben quedar en la impunidad. Este es el reclamo social ante los alarmantes grados de inseguridad ciudadana. Se tiene que actuar e ir más allá de las declaraciones a los medios de comunicación.
La lucha contra la impunidad tiene que ser más que una declaración de los jefes policiales, del Ministerio Público y de todos los entes del Estado encargados de investigar los actos delictivos y castigarlos en el marco de las leyes de la República.
No hacerlo trae consecuencias funestas en la sociedad, fomenta la criminalidad, la corrupción, la desconfianza de la ciudadanía en sus autoridades, desalienta la inversión nacional y extranjera y, por ende, nos encontramos frente a un Estado de derecho debilitado.
En fin, no vamos bien mientras estos casos no sean resueltos a favor de la ciudadanía.
