Dicen que “el lobo pierde el pelo, pero no las mañas”. Un refrán adaptable a la clase política hondureña que en tiempos de campaña electoral cambia su vestidura, pero mantiene intacta sus malas costumbres.
Recientemente, en alianza, el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH) por primera vez llegan al poder vendiéndole a los electores un discurso anticorrupción que ahora hacen a un lado cuando -en medio de un conflicto que deslegitima cualquier acción que se apruebe en el Legislativo- la noche del miércoles reciente, la junta directiva que preside Luis Redondo aprobó un decreto que otorga amnistía a presos políticos y funcionarios vinculados a la administración de Manuel Zelaya (2006-2009).
El exfiscal general Edmundo Orellana, hoy ministro asesor en materia de transparencia y combate de la corrupción, fue uno de los primeros en calificar lapidariamente el decreto de amnistía como “un nuevo pacto de impunidad”. Igualmente, otros sectores sociales también rechazaron y repudiaron el perdón, el cual lo ven como una afrenta a la voluntad popular.
En un pronunciamiento conjunto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) detallaron que “identificaron un total de 68 artículos que hacen referencia a distintos delitos con penas que van de 1 a 15 años, que estarían siendo perdonados si se aplica la amnistía contemplada en dicho decreto y que, en su mayoría, son delitos de corrupción o delitos comunes, es decir, que no son conexos a los delitos políticos”.
Aunque los abogados aseguran que este decreto nace sin validez, sin reconocimiento jurídico y que no tiene efecto porque quienes lo aprobaron carecen de legitimidad, desde ya el hecho es un indicativo de hacia donde se quiere dirigir la promesa de la lucha anticorrupción.
Recientemente, en alianza, el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH) por primera vez llegan al poder vendiéndole a los electores un discurso anticorrupción que ahora hacen a un lado cuando -en medio de un conflicto que deslegitima cualquier acción que se apruebe en el Legislativo- la noche del miércoles reciente, la junta directiva que preside Luis Redondo aprobó un decreto que otorga amnistía a presos políticos y funcionarios vinculados a la administración de Manuel Zelaya (2006-2009).
El exfiscal general Edmundo Orellana, hoy ministro asesor en materia de transparencia y combate de la corrupción, fue uno de los primeros en calificar lapidariamente el decreto de amnistía como “un nuevo pacto de impunidad”. Igualmente, otros sectores sociales también rechazaron y repudiaron el perdón, el cual lo ven como una afrenta a la voluntad popular.
En un pronunciamiento conjunto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) detallaron que “identificaron un total de 68 artículos que hacen referencia a distintos delitos con penas que van de 1 a 15 años, que estarían siendo perdonados si se aplica la amnistía contemplada en dicho decreto y que, en su mayoría, son delitos de corrupción o delitos comunes, es decir, que no son conexos a los delitos políticos”.
Aunque los abogados aseguran que este decreto nace sin validez, sin reconocimiento jurídico y que no tiene efecto porque quienes lo aprobaron carecen de legitimidad, desde ya el hecho es un indicativo de hacia donde se quiere dirigir la promesa de la lucha anticorrupción.
