Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), publicado la semana pasada, reveló que en 2023, Honduras y Perú fueron los países del continente que “registraron incrementos en los indicadores de pobreza y pobreza extrema, ambos en torno a 1 punto porcentual”, y una caída del ingreso per cápita de los hogares en Honduras de 2.3%, acompañada de una reducción del 3.8% en el ingreso per cápita del trabajo.
Los datos cayeron como agua fría a las actuales autoridades gubernamentales, que de inmediato salieron a desmentir el contenido del informe del organismo especializado y a presentar sus propias cifras, obviamente, en las que muestran una mejora de los indicadores.
“La gestión de la presidenta Castro ha logrado una notable reducción de la pobreza, pasando del 73.6% de los hogares en 2021 al 62.9% para el 2024. Este descenso en la pobreza indica un avance significativo en la calidad de vida de los hondureños”, señalaron los personeros del Instituto Nacional de Estadísticas en un comunicado.
Para el director del INE, Eugenio Sosa, “ese punto porcentual al que se refiere la Cepal es una comparación entre los años prepandémicos y pospandémicos, basada en información que la Cepal recoge de los países y con la cual construye sus propios datos”.
Lo cierto es que puntos más, puntos menos, y más allá de las discusiones sobre la veracidad o no de las cifras, la pobreza sigue siendo el principal problema de Honduras y que las políticas que se han implementado en el transcurso del tiempo para enfrentar el flagelo han sido un fracaso.
Lo único cierto es que son millones los hondureños que hoy en día siguen sin contar con los recursos necesarios para atender sus necesidades básicas y las de sus familias, y que la lucha contra la pobreza, más allá de los debates en medios de comunicación y redes sociales alrededor de los porcentajes que subió o bajó en el último año, demanda de acciones concretas que aseguren, en el futuro cercano, mejores condiciones de vida para todos.
