El gobierno, a través de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), está evaluando las próximas inversiones en el Corredor Turístico que une a la carretera CA-5 Norte con El Progreso, Yoro, y Tela y La Ceiba, Atlántida. Hablan de inversiones que superarían los 40 millones de dólares (983 millones de lempiras), aunque por ahora no señalan de dónde saldrá el dinero.
Tampoco informan cómo está el proceso de cierre de los contratos que se habían firmado con las empresas encargadas de ejecutar las obras: Autopistas del Atlántico S. A. de C. V. (Adasa), una compañía del grupo empresarial Grodco, de capital colombiano, y Prodecom (Profesionales de la Construcción), las que dejaron de ejecutarlas tras las protestas de los pobladores de las comunidades que se verían afectados por el impacto del pago del peaje.
Sin embargo, una investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y Transparencia Internacional (TI), publicada en septiembre de 2018 y en la que se denunciaron anormalidades en la gestión e indicios de irregularidades en la ejecución de este proyecto, se dijo que el pago ascendería a por lo menos 130 millones de dólares, es decir más de 3,208 millones
de lempiras.
El gobierno y Coalianza están obligados a informar qué está pasando con la ejecución de esos proyectos, los que han venido ejecutándose bajo el manto de la opacidad a pesar de que los dineros son públicos.
Porque no solo se trata de anunciar que se van a invertir tantos millones en una obra que, sin duda, es prioritaria para el impulso del turismo y de la economía nacional.
Se trata de explicar de dónde provendrán los fondos, ya que eso significa más endeudamiento, deudas que deberán pagar los hondureños con sus impuestos.
Honduras es un país pobre, con altas prioridades en su agenda, un país que demanda el uso correcto de cada centavo de su presupuesto y eso solo se alcanza incrementando los niveles de transparencia en la ejecución de este tipo de obras.
