Editorial

Un año más para la comisión depuradora

Era extremadamente optimista pensar que un año bastaría a la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional para sanear la pobredumbre que había al interior. Por eso desde su conformación en abril de 2016 se dejó abierta la posibilidad de ampliar el período, como han hecho el Ejecutivo y el Legislativo, por un año más. Necesaria y acertada medida en tanto hay resultados que hablan por sí solos de la eficiente labor que han desempeñado los depuradores, con 2,581 elementos, el 28% oficiales de alto rango, fuera de la estructura policial.

Hay que recordar que esta comisión surgió a raíz de la impactante serie de investigación de EL HERALDO que reveló la participación de policías en los asesinatos del zar antidrogas Arístides González, en 2009, y del asesor en materia de seguridad Alfredo Landaverde, en 2011. Lo que hacía falta era la voluntad política del Estado para empezar a sanear a la institución encargada del orden y seguridad, pero que había caído en las fauces de la corrupción y criminalidad a todo nivel. Con un presupuesto que palidece ante el de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), la comisión depuradora ha ido cumpliendo con su razón de ser, a costa de las amenazas que se han cernido sobre sus integrantes y sus familiares, algunos que han debido abandonar el país, desplazados a la fuerza por el acechante peligro.

Falta todavía mucho camino por recorrer antes de que la comisión especial, que tiene entre sus grandes retos la selección de la nueva cúpula policial, pueda decir misión cumplida.

La Policía, al igual que el resto de los operadores de justicia, necesita de una depuración permanente a través de los mecanismos creados para tal fin en la nueva ley orgánica, dentro del marco de las instituciones ya existentes para esa función. Mientras tanto, la labor excepcional y temporal asignada a la comisión depuradora requiere también del soporte de los entes contralores, como el Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General de la República, por mencionar algunos, en esta tarea de sanear a la Policía Nacional para que en lugar de ser percibida como una amenaza sea vista como una institución al servicio de la ciudadanía y del país.