La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, está dando una lección cotidiana de apego irrestricto y defensa de la Constitución Política de su país ante las crecientes violaciones a la Carta Fundamental por parte del gobierno de Maduro.
Pese a que ella ha sido militante del chavismo, antepone su simpatía política a su deber como alta funcionaria, encargada de velar por el irrestricto apego a la legislación vigente, evitando que sea vulnerada por el oficialismo o por particulares.
Comprende que la justicia y el derecho están por encima del poder.
Su actitud cívica, que merece el respaldo pleno de la ciudadanía, está siendo objeto de represalias por una Corte Suprema plegada incondicionalmente a los designios continuistas del Ejecutivo.
Así, está sometida a una auditoría por supuestas irregularidades administrativas, a la cual ella está anuente a que se realice, toda vez que se efectúe de manera objetiva.
Previamente, como parte del revanchismo oficialista, le ha sido prohibido salir del país, acusándola de “dirigir un golpe de Estado”, en respuesta a su denuncia de que la convocatoria a una Asamblea Constituyente por decreto presidencial y no mediante un referéndum ciudadano constituye una directa violación a la Constitución.
En su criterio, dicha Constituyente “completará el desmantelamiento definitivo de la democracia”. Adicionalmente, se le han congelado sus bienes en tanto se decide si se le enjuicia.
La ONU ha declarado “muy preocupante” tales disposiciones gubernamentales en clara actitud de revanchismo, que no logra doblegar su sentido del deber y su defensa de la legalidad.
Su ejemplo debe servir de modelo para funcionarios públicos que generalmente se pliegan a las “órdenes superiores”, anteponiéndolas a la legalidad y la ética, en actitud conformista y complaciente que redunda en perjuicio de la letra y espíritu de la ley.
La situación social, política y económica de Venezuela se deteriora aceleradamente, con el peligro inminente de mayores derramamientos de sangre conducentes a una abierta guerra civil, que debe ser evitada a toda costa por parte de la comunidad internacional.
