La derogación del decreto que le dio vida a la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), en el último día de sesiones de la anterior Legislatura, no solo marca el también caótico final del “órgano temporal independiente, responsable de diseñar, planificar y certificar el proceso de reforma integral de la seguridad pública que incluye la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial”, sino que pone más en evidencia otro de los fracasos del falleciente gobierno actual.
La CRSP fue creada a principios de 2011, en el marco de la ira generalizada por el asesinato, en octubre de 2011, a manos de policías, del hijo de la rectora de la UNAH y otro universitario que le acompañaba. Ese hecho, o más bien los esfuerzos investigativos que hizo la propia rectora Castellanos, y el rol de los propios medios de comunicación, entre ellos EL HERALDO, obligó a las autoridades a reconocer que Policía Nacional estaba infiltrada por todo tipo de delincuentes que actuaban por cuenta propia o como sicarios al servicio del crimen organizado.
De allí que su creación pareció ser la respuesta del sector gubernamental ante el clamor nacional de combatir la delincuencia que florecía al interior del propio Estado. Al final solo fue un intento de convencer a la ciudadanía de que realmente el gobierno estaba interesado en depurar no solo la Policía Nacional sino también el Ministerio Público y el Poder Judicial de sus elementos que actuaban más bien del lado de la delincuencia; pero que en vez de una solución eran parte del problema de inseguridad absoluta en que sobrevive el pueblo hondureño.
Todavía en octubre de 2012, cuando presentó las primeras siete recomendaciones, el presidente Lobo decía que “nada nos va a detener en concretar que tengamos un sistema de justicia que sea efectivo”.
Al final, las recomendaciones de la CRSP no se tomaron en cuenta o solo de forma aislada de manera tal que no tuvo ningún impacto positivo.
Lo único concreto que dejó el ente –de cuya cancelación sus comisionados, dos de ellos extranjeros, se enteraron por los medios de comunicación— fue el desembolso de más de 41 millones de lempiras de los exiguos fondos públicos para sus sostenimiento durante los menos de dos años en que operó.
