La geografía nacional se está fragmentando en zonas de influencia y dominio territorial por parte del crimen organizado, particularmente en Gracias a Dios, Olancho, Colón y Copán, en donde se ha perdido -o diluido- el control y la autoridad estatales para pasar a la soberanía e imperio de la delincuencia, al punto que construye pistas de aterrizaje, centros de acopio y redes de distribución de drogas, sea para consumo interno o para facilitar su traslado hacia el exterior.
También se han desarrollado sistemas privados de recolección de tributos: el llamado “impuesto de guerra” que se apropia de un porcentaje significativo de las ganancias de los pequeños y medianos comerciantes, los que no tienen más alternativa que hacerlo efectivo puntualmente, so pena de exponer sus vidas y las de sus familiares a manos de las pandillas.
Otra manifestación del retroceso hacia la época medieval se da con los gremios profesionales, que gozan de prebendas salariales muy por encima de los sueldos y emolumentos percibidos por quienes no pertenecen a uno de estos grupos privilegiados.
Tampoco existen sistemas uniformes de pesas y medidas, lo que origina perjuicios a los consumidores y al comercio.
Agreguemos la existencia de fueros especiales para ciertos grupos: militares y religiosos, que son juzgados y sancionados conforme a leyes internas no siempre en armonía con la legislación general.
Estos son algunos ejemplos de la atomización, pérdida de presencia y autoridad por parte del Estado, lo que ha motivado a algunos analistas a referirse al colapso de los controles por parte de las autoridades legítimas para dar paso al surgimiento y fortalecimiento de capos, señores de horca y cuchillo, padrinos, que ejercen, de hecho, la potestad decisoria sobre la vida o muerte de sus semejantes y sus bienes.
Cuentan con ejércitos privados, bien armados y con sistemas de apoyo incluso en las dependencias gubernamentales.
Este es, lamentablemente, el estado actual en que vive acorralada y amedrentada la población, lo que explica la proliferación de sistemas privados de seguridad en aquellos sectores con suficiente capacidad económica como para poder pagar protección.