En los Tribunales de Justicia inició este lunes el juicio contra las autoridades del Centro Penal de Comayagua, ubicado en la zona central de Honduras.
El centro penitenciario fue víctima de un incendio de grandes proporciones en el que murieron al menos 361 reclusos.
El trágico suceso se registró la medianoche del día 14 de febrero del año 2012.
En su momento se consideró que el siniestro podría haber sido provocado por un accidente debido a una sobrecarga y se descartó que hubiera mano criminal, según un informe de expertos estadounidenses.
Las conclusiones del informe no lograron satisfacer las demandas de los familiares de las víctimas quienes pidieron que se realizara una nueva investigación.
Poco después de registrarse el incendio la cifra ascendió a 361 con el hallazgo de un nuevo cuerpo.
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Las víctimas que murieron -algunos calcinados, otros de axfisia por inhalación del humo y otros ahogados en pilas al intentar huir de las llamas- se encontraban encerradas en al menos cinco pabellones del penal.
En septiembre de 2013, el Juzgado Penal de Comayagua determinó que hubo responsabilidad penal en el caso, ya que las autoridades de la cárcel podrían haber incurrido en dolo y negligencia al no manejar la situación de otra manera y evitar la cantidad de víctimas que resultaron.
Con el inicio de este juicio se busca establecer y deducir responsabilidades de las entonces autoridades penitenciarias.
Los acusados
Los imputados son el exdirector de ese recinto penitenciario, Wilmer Obdulio López Irías, y el encargado de las llaves la noche del siniestro, José Víctor Mejía.
El Ministerio Público señala responsabilidad penal, 360 homicidios culposos y 11 casos de violación de los deberes de los funcionarios a estos dos exfuncionarios.
En esta causa también se acusa a Rito Yánez Licona y Santos Soriano López, por suponerlos responsables del delito de violación de los deberes de los funcionarios, ya que el primero se encontraba a cargo de seguridad y el segundo como comandante de guardia, siendo también responsables de la protección de los internos.
Según la Fiscalía, el siniestro comenzó en el módulo número seis, donde vivían 106 internos, y a pesar que esta celda contaba con dos puertas, las mismas no fueron abiertas, lo que ocasionó la muerte de sus ocupantes y de los internos de los módulos próximos.
Los imputados eran los encargados de la toma de decisión para salvaguardar la vida de los privados de libertad, pero estos se enfocaron en asegurar el perímetro y no en cumplir su responsabilidad de velar por el bienestar de los presidiarios, argumentaron los fiscales.
En este caso el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, cuenta con suficiente carga probatoria, consistente en análisis científicos practicados por la Dirección General de Medicina Forense, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y otras instituciones con las que se coordinó para realizar las investigaciones, así como testigos protegidos que son clave para el caso y que se presentaron a declarar este día.
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