Tegucigalpa, Honduras
El Ministerio Público continuó el martes con el secuestro de contratos suscritos entre la banda de Los Cachiros y diferentes instituciones estatales.
El secuestro de los contratos comenzó el pasado lunes y se extendió hasta la madrugada de ayer martes en el Fondo Vial, institución con la que se firmaron varios contratos de mantenimiento de carreteras en la zona norte del país.
Uno de los contratos que ya está en manos de las autoridades es el 0004-2012 que suscribieron Los Cachiros con el gobierno durante la gestión de Porfirio Lobo.
Hijo de expresidente Pepe Lobo cayó en una trampa
Este contrato lo firmó Javier Eriberto Rivera Maradiaga, cabecilla de la banda de Los Cachiros, con el exdirector ejecutivo del Fondo Vial, Hugo Ardón, por un monto de 28.7 millones de lempiras.
El contrato es para la construcción de obras para el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial no pavimentada del sector 4 y 5 del departamento de Colón.
Según datos del Fondo Vial, en el 2012 a la empresa Inversiones Rivera Maradiaga, propiedad de Los Cachiros, se le desembolsaron 18.1 millones de lempiras.
Todos los contratos y los documentos ya están siendo indagados por efectivos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y peritos forenses de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop).
“Estamos trabajando en todo, no hemos terminado”, dijo Ricardo Castro, director de la ATIC, al ser consultado sobre los avances del proceso de indagación de los contratos sustraídos del fondo vial y otras entidades estatales.
Recientemente, el Ministerio Público abrió de oficio una investigación entorno a los delitos y personajes mencionados por Devis Leonel Rivera durante el desarrollo del juicio que se le sigue en Estados Unidos a Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
Rivera aseguró que firmó una serie de contratos con el Estado a fin de blanquear fondos provenientes del narcotráfico.
El lunes anterior, los fiscales sustrajeron contratos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Idecoas) y el Instituto Hondureño de Geología y Minas.
“Dentro de toda esta documentación que se ha secuestrado, desde luego que se ha encontrado alguna información que servirá como soporte para la investigación”, dijo Jorge Galindo, vocero de la Atic.
Otras líneas de investigación en torno a las declaraciones de Rivera se efectúan por parte de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.
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