Honduras

Defensores de la niñez y gobierno chocan por propuesta de reducir edad punible en Honduras

Los opositores a la propuesta la consideran como una bandera para levantar el perfil del gobierno, para otros es necesario

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09.05.2017

Tegucigalpa, Honduras
La reciente propuesta del gobierno de analizar la reducción de la edad punible en Honduras ha levantado todo tipo de reacciones entre la sociedad hondureña.

Para el caso, el abogado Karlo Villatoro, diputado por el Partido Nacional, considera que la iniciativa -que en años anteriores ha fracasado-, en esta ocasión puede encontrar un ambiente favorable en el Congreso Nacional. 'Hay una realidad que no podemos obviar, el crimen organizado está utilizando a menores para sus acciones', dijo a EL HERALDO.

A consideración de Villatoro, cuando un menor de edad actúa como un adulto, debe ser juzgado de la misma manera.

El legislador consideró que existen grupos de derechos humanos que hacen de la defensa de este polémico tema su 'modus vivendi'.

'Ante medidas extremas, se deben tomar decisiones extremas', apuntó Villatoro, al momento de señalar que se necesita rescatar a 'la juventud (de manos) del crimen organizado'.

Consultado por este rotativo sobre otras opciones a este problema, como retornar al Servicio Militar Obligatorio, Villatoro expresó que 'eso es otro tema que se debería discutir con todos los sectores sociales para poner orden en el país'.

Discurso sobre reducción de la violencia contrasta con la iniciativa
En el otro extremo, el director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas, es de la opinión que de cara al respeto de la Constitución de la República, de los derechos de la niñez y la familia, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño -del cual Honduras es dignatario-, 'todo menor tiene derecho a ser tratado como un niño'.

Ruelas enfatizó que la iniciativa del presidente Juan Orlando Hernández no es más que el reconocimiento de los niveles de violencia que hay en Honduras.

'Ningún gobierno como este ha recibido mayor apoyo para combatir el crimen, con pocos resultados lo que ha generado descontento en la población'.

Bajar la edad punible, a criterio del director de Casa Alianza, 'contrasta el discurso presidencial de hace apenas un mes cuando Hernández aseguró que en Honduras se podía caminar sin temor, en paz'.

'Los niños necesitan oportunidades, educación, que cuando sean amenazados por mareros para que lleven notas extorsivas o para que cobren impuesto de guerra tengan alguien que los defienda, a quien acudir sin temor para denunciar', dijo Ruelas a EL HERALDO.

'Las autoridades deben perseguir a quien se debe perseguir, al crimen organizado', consideró.

La puesta en marcha para reducir la edad punible lo único que busca es 'levantar el perfil político' ante una sociedad descontenta, criticó.

Actualmente, hay 574 menores recluidos en centros de internamiento a donde son llevados al cometer o participar en actos delictivos. El centro Renaciendo se ha destacado por los constantes episodios de violencia, foto: Archivo EL HERALDO.

Actualmente, hay 574 menores recluidos en centros de internamiento a donde son llevados al cometer o participar en actos delictivos. El centro Renaciendo se ha destacado por los constantes episodios de violencia, foto: Archivo EL HERALDO.
Responsabilidad penal
Bajar la edad punible no resuelve el problema según la opinión de Wilmer Vásquez, director de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), pues 'Honduras es uno de los países con la más baja imputabilidad de la ley, lo que significa que a un menor de edad se le puede deducir responsabilidad desde los 12 años'.

Para Vásquez, si el presupuesto de la República fuera más equitativo y se persiguiera al adulto que hay detrás de cada menor que comete o participa en un delito, fuera distinta la historia de los menores que hoy se criminalizan.

'Analicemos los problemas estructurales, atendamos las causas y sus efectos y en corresponsabilidad con el Estado, sociedad civil, cooperación internacional y sociedad en general construyamos un sistema Nacional de Protección Integral para la Niñez y Juventud de Honduras', dijo.

'No es justo que en Honduras queremos criminalizar al niño', enfatizó Vásquez, al agregar que 'no debemos encerrar a menores con los adultos que históricamente los han abusado y utilizado para sus propósitos'.

Menores tienen madurez para el crimen
Sobre el tema, la Confraternidad Evangélica de Honduras también se sumó al pedido al señalar que 'estamos conscientes de que vivimos una realidad que debe ser enfrentada con determinación'.

La organización reflexionó que las causas del crimen de menores es la falta de formación en valores morales cristianos; reflejo de la vida traumática que han vivido o que están viviendo por deficiencias del sistema; y reclutamiento intencional por parte del crimen organizado.

'Esta realidad demanda que se evalúe si los menores que cometen delitos graves ya tienen una 'madurez para el crimen'”, por lo cual debería ser juzgados como adultos, según expresó la asociación de iglesias en un comunicado.

Finalmente esperan que en esta ocasión el tema de la edad punible resulte en acciones concretas, efectivas y prontas para la justicia, paz y bienestar de los hondureños.

Los números de los niños y la violencia
Esta no es la primera ocasión que el tema es puesto sobre la mesa de discusión.

La más reciente se registró en 2015 cuando se publicó el libro 'Un analisis del Proyecto Victoria sobre la realidad nacional de Honduras' que el 0.82% de la población formaba parte de las maras o pandillas.

También en 2014, el tema dividió la opinión pública cuando se reveló que entre 2009 y 2013 se registraron 6,835 procesos judiciales contra menores involucrados en actos criminales.

Más del 55% de las muertes violentas en Honduras son niñas, niños y adolescentes, según estadísticas del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPASS). Mientras que el gobierno por su parte sostiene que el '40% de los delitos de alto impacto' tiene la participación de menores de edad.

Actualmente, hay 574 menores recluidos en centros de internamiento a donde son llevados al cometer o participar en actos delictivos.