Tegucigalpa, Honduras
El plan piloto de vigilancia electrónica comenzará a ejecutarse en los próximos meses con la instalación de los primeros grilletes electrónicos a privados de libertad de baja peligrosidad.
El propósito es descongestionar las cárceles de la nación, según lo que persigue el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y que pretende comenzar en al menos 90 días, es decir, en las primeras dos semanas de 2018.
Pero, ¿cuánto costará cada grillete y quién asumirá el costo de la utilización de este dispositivo, que ha dado resultados positivos en otros países de la región?
Entre tres dólares (60 lempiras) y 20 dólares (470 lempiras) al día pagaría un imputado que utilice un grillete electrónico, según dijo Luis Suazo, secretario ejecutivo del Consejo de Defensa y Seguridad, tras una serie de acercamientos con empresas que proveen este tipo de dispositivos. El servicio se da mediante la firma de un contrato entre la compañía y el imputado, del que quedaría fuera el INP.
Aunque las negociaciones continúan en curso debido a que el precio de 470 lempiras al día es considerado alto por el Estado.
“El precio va a depender de cada una de las empresas que se instale, esto no es algo que el gobierno va a comprar o adquirir. Yo he sabido de precios que ellos intentarían para que les pueda funcionar”, señaló Suazo.
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Las autoridades del Consejo establecieron que cada brazalete deberá ser pagado por cada privado de libertad.
“Hasta ahora se ha establecido que quien va a pagar por el costo va a ser cada privado de libertad, en tal sentido el gobierno no va a estar haciendo (teniendo) una participación”, enfatizó Suazo a EL HERALDO.
Pese a ello, el gobierno está asegurando que las personas que no disponen de recursos financieros para comprar el brazalete, también puedan beneficiarse de la medida. Eso quiere decir que habrá reos que lo utilizarán, luego de hacerles un estudio socioeconómico para conocer si es viable su uso.
Y es que el gobierno, en combinación con la empresa que salga elegida, va a tener un precio especial que será asumido por el Estado, indicó el funcionario.
El gobierno asumirá cierta responsabilidad, “y la persona que se beneficie del brazalete y de estar en libertad tendrá que pagar con servicios a la comunidad”.
Ahora mismo, los funcionarios están trabajando en la elaboración de un reglamento en el cual se establecerán los requisitos para que un reo acceda a este mecanismo de custodia.
“Estamos esperando la sanción, estamos preparando el proceso de cómo se va a hacer la inscripción y el registro de las empresas que se van a autorizar para poder dar el servicio”, dijo.
La convocatoria se hará en los próximos días, aseguró el funcionario.
Estamos en el proceso final de hacer el reglamento, ya con los requerimientos específicos, dijo.
“Será un proceso lento”, aseguró Suazo, y es que en su gran mayoría los Tribunales de Sentencia se encuentran abarrotados de procesos judiciales en el sentido que estas medidas deberán otorgarse por medio de la audiencia denominada revisión de medidas.
Es mediante el defensor privado o público que un imputado solicitará a los jueces la revisión de sus medidas cautelares.
Tras hacer un análisis de los casos, será el Tribunal de Sentencia el que defina si se otorga o no al imputado el brazalete electrónico.
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Alquiler
Los dispositivos serán alquilados por las empresas, según reveló Suazo, aunque explicó que será controlado y monitoreado por el Estado.
Cada una de las empresas proveedoras deberá hacer la instalación de la tecnología como servidores, monitores, software y los demás insumos. Aunque el gobierno deberá hacer una inversión en la construcción del espacio físico desde donde se controlarán los grilletes.
Control
El software de monitoreo generará toda la información, alertas y reportes de manera permanente a una base de datos instalada por el gobierno.
El sistema puede operar en modo de vigilancia electrónica con restricción al perímetro del domicilio, así como en modo de vigilancia electrónica con tránsito restringido.
Esto significa que los delincuentes no tendrán acceso a hackear este sistema.
Hasta ahora, unas cuatro empresas proveedoras han tenido acercamiento con el Estado para conocer los grilletes que ofrecen, según conoció EL HERALDO.
El mismo Estado ha manejado con mucha cautela los acercamientos con estas empresas, que en su totalidad son internacionales, y es por ello que se desconoce el nombre de ellas.
Suazo descartó que exista mercado para que se establezcan diez empresas en el país.
Hasta ahora no se conocen detalles precisos sobre el avance que existe con los proveedores.
Delitos
Los beneficiarios de esta medida oscilarán entre los 2,500 y 3,500 reos, pero con la salvedad de que serán de baja peligrosidad.
Privados de libertad condenados a penas menores de cinco años serían los más afortunados con esta medida, según explicaron las autoridades.
Para los presos por delitos graves como asesinato, homicidio, secuestro, narcotráfico y lavado de activos no existe la posibilidad de que sean beneficiados con el mecanismo.
En el caso de delitos menores o delitos que tengan una sentencia máxima de cinco años, sí se podría aplicar el uso del brazalete.
