Tegucigalpa, Honduras
La fuerte polémica generada por la Ley Nacional de Ciberseguridad desembocó en peticiones concretas para que se suspenda su discusión en el Congreso Nacional (CN).
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) exigieron ayer, hasta que la normativa fue aprobada en primer debate, que se reformule el proyecto de ley, ya que está violentando derechos constitucionales.
Según las gremiales, el proyecto de ley, más conocido como ley contra el odio, debe ser ampliamente discutido y socializado con los diferentes sectores. Además, deben existir análisis técnicos y legales que indiquen que la normativa es oportuna para el país.
Los diputados aprobaron la iniciativa el jueves anterior, en un primer debate y para el próximo martes tienen programada la segunda discusión. Es así que en el transcurso de la semana podría ser aprobado.
Posición del Cohep
“Manifestamos nuestro total desacuerdo con este proyecto de ley”, manifestó el sector empresarial del país, mediante un comunicado emitido por el Cohep.
“Exhortamos a los honorables diputados del Congreso Nacional, a suspender la discusión del proyecto de Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales”, solicitaron.
El Cohep argumenta que, mediante un análisis técnico y legal realizado, determinaron que la iniciativa violenta derechos fundamentales como la libertad de emisión de pensamiento, el derecho legítimo de defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones. Estos derechos solo pueden restringirse a través de una resolución judicial, enfatiza el Cohep.
Detalla que el proyecto de ley “atribuye a ciertas empresas del sector privado la facultad de censurar el contenido de publicaciones que se difundan a través de redes sociales e Internet, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 72 de la Constitución de la República, que expresa: “Es libre la emisión de pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura”. Es decir que las empresas podrán juzgar y declarar la ilegalidad del contenido de las publicaciones, lo que es competencia exclusiva del Poder Judicial.
Los directivos del Cohep aclararon que no han sido consultado sobre el alcance y contenido del proyecto de ley, como se establece en el pronunciamiento segundo del dictamen presentado el jueves en el Legislativo.
Solo se les convocó con el objetivo de socializar el proyecto presentado por el diputado Marcos Paz, aseguraron.
Reconocen que ningún derecho es absoluto, sin embargo, consideran que es una sobrerregularización a los límites ya establecidos al ejercicio del derecho de libertad de emisión del pensamiento.
“Su aprobación generará debilitamiento a los principios democráticos y atrasos en el desarrollo social y económico del país”, advirtieron.
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Pronunciamiento del CPH
Por su lado, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) se declaró en sesión permanente para defender el derecho de todos los hondureños de expresar sus opiniones y pensamiento.
“Rechazamos y renunciamos a integrar cualquier órgano que pretenda regular el derecho a la libertad de expresión y de prensa”, declaró el CPH, mediante un comunicado.
El gremio denunció que el proyecto de ley “deja muchas lagunas y espacios para su manipulación por intereses particulares y en detrimento del derecho de la ciudadanía a poder expresarse libremente a través de redes o medios de comunicación”.
El Colegio de Periodistas denunció que los políticos también han incumplido con la derogación del artículo 335-B de la reforma al Código Penal, que sigue vigente y criminaliza la labor de los periodistas.
“Condenamos la reiterativa pretensión del Congreso Nacional de aprobar leyes que violentan los derechos del pueblo a estar bien informado y a expresarse libremente a través de los canales que considere pertinentes”, enfatizó el CPH.
Ante las peticiones de estas dos gremiales, diputados de la comisión de dictamen dijeron estar abiertos a seguir discutiendo y socializando la polémica iniciativa.
Contenido del proyecto
El dictamen sometido ante el pleno de diputados contiene 11 artículos. La idea principal es crear un ente denominado Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad.
Las empresas proveedoras de servicios que permitan a los usuarios compartir contenido con otros, o difundirlo públicamente, deberán eliminar el contenido publicado por un usuario a más tardar en 24 horas.
“La ley no crea ningún nuevo delito. No hay sanciones o multas a usuarios de redes sociales, solo crea un organismo que aplique lo que ya está tipificado en el Código Penal”, publicó el Congreso Nacional en su Twitter.
No obstante, la iniciativa establece sanciones desde 50 mil hasta un millón de lempiras cuando no se atiendan las denuncias de los afectados.
Convenio de Budapest
En el dictamen de la Ley Nacional de Ciberseguridad, la comisión especial multipartidaria del Congreso Nacional recomienda que el país se adhiera al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia.
Es el primer tratado internacional sobre delitos a través de Internet y otras redes informáticas, que trata de las infracciones de derechos de autor, fraude informático, pornografía infantil, delitos de odio y violaciones de seguridad de red.
