TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, solicitó reiteradas ampliaciones presupuestarias para luego entregar esos fondos a las dos fundaciones salpicadas en el caso Pandora.
Una vez que la Secretaría de Finanzas le desembolsaba los millonarios fondos, que ni siquiera tenían documentación de respaldo, Regalado procedía a firmar los convenios, supuestamente agrícolas, para capacitar productores y emprendedores.
Sin embargo, las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras nunca los ejecutaron para ese fin. Según el requerimiento fiscal de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público al cual tuvo acceso EL HERALDO, Jacobo Regalado se asoció con los representantes legales de ambas fundaciones para desviar los fondos.
La investigación señala que una vez que la SAG disponía del dinero se realizaban transferencias a cuentas bancarias de las fundaciones.
El cerebro
La Fiscalía considera al extitular de la institución como autor de los delitos de fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Por esa acusación, la jueza natural Lidia álvarez le dictó un auto de formal procesamiento y prisión preventiva. El proceso seguido en su contra por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos quedó desestimado.
Otros 24 imputados en el caso Pandora, con el que se desviaron 282 millones de la SAG, se defienden en libertad con medidas sustitutivas.
Fernando José Suárez, representante legal de ambas fundaciones, está prófugo y fue el principal socio de Regalado en el desvío de fondos de la SAG.
Esta persona se encargaba de realizar movimientos de fondos a diferentes cuentas bancarias y a emitir diversos cheques.
El documento refleja que varios cheques se depositaron en la cuenta bancaria del Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) para el pago de préstamos. Fernando Suárez también usó ese dinero para beneficio propio, pagó sus tarjetas de crédito y las de su madre. El prófugo de la justicia emitió cheques para diversas personas naturales y jurídicas. Todo esto lo contempla el requerimiento fiscal.
La Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (Maccih) presentó el caso el 13 de junio y señaló que esos presupuestos se utilizaron para financiar campañas políticas de candidatos en las elecciones generales de 2013.
Las defensas del resto de los procesado han dicho que ninguno de ellos conocía el origen de los fondos.
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RequerimientoEl requerimiento fiscal establece que Jacobo Regalado firmó ocho convenios con sus socio Fernando Suárez, quien era el representante de las dos fundaciones y los fondos se utilizaban con otros fines. |
Defensa legal
La apoderada legal de Jacobo Regalado, María Dolores López, presentó el martes un recurso de apelación por la determinación de la jueza contra su defendido.
“Nosotros estamos pidiendo una revocación de todos los delitos”, expresó la apoderada legal.
Agregó que la Corte de Apelaciones no tiene un plazo definido para que resuelva sobre los recursos, pero esperan que sea pronto.
“Nosotros acreditamos un arraigo a su favor y también ofrecimos una fianza, sin embargo, ignoramos las razones que la jueza no valoró para dictarle prisión preventiva como a los demás”, señaló López. Agregó que lucharán porque Regalado se defienda en libertad.
Por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también desfilaron los defensores legales de la mayoría de imputados en el caso de corrupción para interponer los recursos de apelación.
Los fiscales de la Ufecic también interpusieron el recurso de apelación para revertir las medidas que se les dictó a los imputados y para que se les acuse por lavado de activos.
