TEGUCIGALPA, HONDURAS
La comisión interventora que nombrará el Congreso Nacional en el Registro Nacional de las Personas (RNP) será acompañada en su labor por dos comitivas más, una de seguridad y otra de ciberseguridad.
El titular de la comisión especial que dictaminará la intervención de esta institución, Antonio Rivera Callejas, precisó a EL HERALDO que “esa interventora que esperamos nombrar cuanto antes tiene que ir acompañada con una comisión de seguridad y ciberseguridad y con veeduría internacional”.
La de seguridad impulsará la política de combate al crimen organizado que ha orientado su accionar en el tráfico de tarjetas de identidad para documentar a extranjeros y la de ciberseguridad tratará de blindar la base de datos y sus programas de informática.
Según Rivera Callejas, el Congreso no nombrará estas otras comisiones, “que sea la interventora que lo haga, que ellos las nombren y pidan el acompañamiento extranjero, lo cual vendría a modernizar, dinamizar y despolitizar esta institución”.
De acuerdo con expertos, por las denuncias del constante tráfico de documentos como partidas de nacimiento, al igual que tarjetas de identidad que emite el RNP y que abarca hasta su falsificación, es prioritario mejorar sus niveles de seguridad física a su vez cibernética para evitar que sean vulneradas a nivel local o desde el extranjero.
El martes, la comisión legislativa multipartidaria sostendrá su primera reunión en la que sus miembros definirán si procede o no la intervención de este organismo del Estado, el perfil y el tiempo en el que deberán de fungir los interventores. El dictamen del proyecto que busca crear una comitiva supervisora tendrá que estar listo en una semana o a más tardar en 15 días, aseguró Rivera Callejas.
El también vicepresidente del CN resaltó que “tenemos que buscar un perfil, que estos interventores nos digan qué reformas ocupa la Ley del Registro Nacional de las Personas, cómo debe estar conformado el directorio de esta institución y tienen que llevar en paralelo la licitación de más de 50 millones de dólares para una nueva tarjeta de identidad”.
Los tres interventores del RNP deben ser técnicos, profesionales y no deben obedecer a una línea partidaria, enfatizó. En relación a la legalidad de la intervención en el RNP, el congresista del Partido Nacional indicó que hay dos posturas, unos que dicen que se requiere mayoría calificada (86 votos a favor), pero otros argumentan que basta con 65 votos o lo que se conoce como mayoría simple.
“Lo vamos a llevar a estudio a la gerencia legislativa y vamos a tomar una determinación en los próximos días”, prometió.
Atribuciones y suspensión
La intervención al RNP será ordenada por el Congreso con base en sus atribuciones contentivas en el numeral 1 del artículo 205 constitucional, que le permite “crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes”.
Además, en el numeral 21 del mismo artículo, según el cual el Congreso puede “nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional”.
Respecto a la suspensión o destitución de las actuales autoridades del RNP, la ley de este organismo, aprobada mediante decreto número 62 de 2004, les da cierto nivel de estabilidad.
El artículo 20 dice: “El director y subdirectores solo podrán ser removidos de sus cargos mediante decreto del Congreso Nacional por las causas siguientes: Por decreto del Congreso Nacional cuando se comprobare plenamente, con las garantías del debido proceso, el incumplimiento o falta grave en el ejercicio de sus cargos, en cuyo caso se requerirá el voto afirmativo de por lo menos dos terceras partes de la totalidad de los diputados”.
El subdirector técnico del RNP, Gerardo Martínez, dijo que ellos respetarán cualquier decisión que tome el Poder Legislativo.
“No nos han convocado, no sabemos qué va a pasar, vamos a ver cómo viene el decreto. Si viene con suspensión de funciones habrá que ver qué se puede hacer”, afirmó.
El manoseo
Desde su creación en 1982, la influencia política ha sido la parte más sensible del RNP que no ha podido sacudirse de ella porque sus raíces están penetradas cual si fuesen un viejo árbol de roble.
“El problema del Registro ha sido su manoseo político”, aseguró a EL HERALDO un exservidor público que ha estado cerca de las ejecutoras del RNP. “Por culpa de los políticos de todos los partidos, pero más del Partido Nacional y del Partido Liberal, es que la institución está viviendo este problema”, agregó.
Uno de los aspectos típicos de la institución es que se vuelve importante solo en procesos electorales, especialmente cuando se acerca la fecha de los comicios primarios o generales.
Los políticos acuden casi a diario a los registros civiles municipales o a los edificios de las principales a tramitar tarjetas para sus parciales o en, todo caso, suelen mandar a los activistas a documentar a su gente utilizando para ello al empleado que, gracias al caudillo político, está trabajando en la institución.
Muchos registradores civiles, dijo la fuente consultada por EL HERALDO, se han dado a la tarea de entregar masivamente identidades a sus parciales en épocas electorales “y a esconder tarjetas” de sus adversarios para que estos no ejerzan el sufragio. Esta es una verdad que los funcionarios, los empleados y los mismos políticos conocen al dedillo.
¿Desaparecerá la política?
Los partidos Nacional y Liberal se reparten desde 1982 el 80% de la empleomanía del RNP a razón de un 40% cada uno, con la diferencia de que el Partido Liberal, en los últimos ocho años, ha perdido a parte de sus empleados porque se convirtieron en seguidores del partido Libertad y Refundación (Libre). El restante 20% se lo distribuyen los partidos Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH), Partido Innovación y Unidad (Pinu) y Unificación Democrática (UD).
Este último tuvo mayor presencia en el RNP a partir del gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) que nombró a César Ham, presidente del entonces partido de izquierda, como director del Instituto Nacional Agrario (INA).
La Democracia Cristiana, por su parte, viene haciendo cogobierno con los partidos tradicionales a partir de que su principal líder, Arturo Corrales, tomó las riendas del partido en la década de los noventa. Este político logró meter en puestos importantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y RNP.
La nueva repartición
Mucho se habla en el Congreso de la necesidad de despolitizar el RNP, pero desde ahora los partidos están negociando sus cuotas de poder a partir del 14 de mayo del próximo año cuando se nombren las nuevas autoridades.
El partido Libertad y Refundación (Libre) viene demandando igual trato en los organismos electorales en función a su cuota electoral.
Sin embargo, el Partido Liberal se opone a que Libre forme parte del RNP, según lo denunciaron diputados del partido de izquierda.
Se supo que el partido Alianza Patriótica Hondureña, del general (r) Romeo Vásquez Velásquez, pretende entrar en la negociación de cargos en el RNP.
“En el esquema no entra Libre”, dijo un congresista de este partido.
La comunidad internacional viene demandando una despolitización en el RNP para hacer más transparentes los procesos electorales. Tocará a la comisión interventora recomendar al Congreso si conviene o no una nueva política laboral en el RNP
