TEGUCIGALPA, HONDURAS. -El actual auditor interno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) habría ganado más de 3.1 millones lempiras en materia de cobro de sueldo.
Esa cifra corresponde a los sueldos percibidos durante tres años en el cargo, 45 meses devengando un salario mensual de 70,000 lempiras.
El HERALDO tuvo acceso a una denuncia en contra del señor Andrés Enrigue Laínez, donde se señala que fue nombrado de forma irregular en su cargo actual.
Lo anterior se deriva de una auditoría realizada por el mismo Departamento de Auditoría Interna de la UNAH, donde encontraron una serie de irregularidades en contra del funcionario.
El documento señala que al aspirar al cargo de auditor interno y ser posteriormente electo en el puesto el señor Laínez se irrespetó en forma flagrante y consecutiva las normas de conducta ética del servidor público.
Esas normas son de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios y empleados del sector público.
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Situación
La auditoría refleja que en agosto de 1998 se constituyó la Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada: Ciencias y Desarrollo Consultores (CIDE). Entre los socios fundadores estaban Andrés Laínez y sus familiares. La empresa se constituyó para la compraventa de productos y servicios, consultorías y estudios de factibilidad, entre otros servicios. Posteriormente, Laínez le otorgó el poder de la empresa a uno de sus socios. En enero de 2015 se firmó contrato de consultoría entre la UNAH y la empresa CIDE.
El propósito de la consultoría era para el desarrollo de la primera etapa de un software para el sistema financiero administrativo de la UNAH. En ese entonces, Laínez ya era docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la máxima casa de estudios. Cuatro meses después, en mayo de 2015, la Junta de Dirección (JDU) nombró a Andrés Laínez en el cargo de auditor interno de la UNAH y dos días después él firmó la Declaración de cumplimiento de Código de Conducta de Ética del Servidor Público.
Lo anterior contravino a ese mismo código, ya que en su artículo 17 señala: “El servidor público debe mantener su independencia de criterio y los principios de integridad y honestidad en el ejercicio de sus funciones públicas”.
“En consecuencia debe abstenerse de participar en toda actividad o decisiones públicas que pudiese generar conflicto entre sus intereses personales, económicos, financieros, comerciales, laborales... ”, menciona el mismo artículo. Mientras que en el Marco Rector de la Auditoría Interna del Sector Público se establece como inhabilidades: “No podrán ser nombrados como director de la Unidad de Auditoría Interna de los entes públicos, numeral (3). Quienes sean socios o representantes legales de entidades privadas que tengan relaciones contractuales con la respectiva institución”.
En la convocatoria al concurso para cargo de auditor de la UNAH, los aspirantes tuvieron que presentar una declaración jurada autenticada en la que ase asegura no ser socio o representante legal de entidades privadas que tengan relación contractual con la UNAH, la cual presentó.
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Si un conflicto de intereses termina en pérdida para el Estado la persona podría incurrir en abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios o influencia indebida, el Estado deberá deducir responsabilidades.
Por tal motivo, Laínez debió haber renunciado a participar en el concurso público para ser auditor interno de la UNAH porque aparecía como socio de CIDE. En marzo de 2017, Laínez giró credencial al secretario de ejecutivo de Administración y Finanzas y al director de Contaduría, a fin de realizar un examen especial en la Dirección de Contaduría de la UNAH, el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2016.
EL HERALDO conoció que la JDU solicitó a Laínez una auditoría en vista de que el software que implementa la empresa CIDE presentó problemas técnicos en los departamentos donde se utiliza.
“El hecho denunciado se ve acrecentado y nuevamente materializado en cuanto se refiere al conflicto de interés que representa auditar la Dirección de Contaduría, en virtud que toda la actividad contable, administrativa y financiera de dicha dirección es operada o registrada en los módulos desarrollados por la empresa CIDE en atención al contrato de consultoría suscrito con la UNAH”, menciona el documento.
Agrega que el cumplimiento de los requisitos establecidos para optar al cargo de auditor interno de la máxima casa de estudios se debe cumplir conforme a la ley. “Lo contrario ocasiona por defecto responsabilidad administrativa y civil, sin perjuicio del establecimiento de una responsabilidad penal”, dice el informe de auditoría.
Por esa razón, se notificó a la directora presidenta de la JDU, Aleyda Lizett Romero, desde octubre para que tomaran acciones al respecto. La entidad universitaria solicitó una opinión sobre el particular al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
EL HERALDO conoció que mañana podría tomarse una decisión sobre la denuncia por parte de la JDU sobre el auditor interno.
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Hallazgos
El proceso de auditoría encontró que hubo un incumplimiento de un requisito de ley (la declaración jurada). A su vez, el señor Laínez ostenta “ilegalmente el cargo de auditor interno de la UNAH” y ha recibido un salario ilegalmente al ostentar su cargo de forma irregular. También que autorizó indebidamente un examen especial a la Dirección de Contabilidad de la UNAH, sabiendo del conflicto de interés que representa ser socio activo de la empresa CIDE que tiene contrato con la UNAH.
“Las o la UNAH son ilegítimas a partir del 6 de mayo de 2015 a la fecha”, cataloga la auditoría. La auditoría constató en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa que Laínez comenzó la gestión de otorgar el poder a otra persona para que lo sustituyera. No obstante, se comprobó que no hubo transmisión ya que no se hizo pago por venta. Laínez también es responsable de las auditorías que se realizan en el Hospital Escuela Universitario (HEU).
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