TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los jueces que conforman la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional encontraron culpables a siete hombres por el crimen de la ambientalista Bertha Cáceres.
Se trata del exgerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), Sergio Ramón Rodríguez Orellana; el exjefe de seguridad de la misma empresa, Douglas Geovanny Bustillo; el exmayor de las Fuerzas Armadas, Mariano Díaz Chávez, quienes son culpables de asesinato y se exponen a una pena de entre 20 y 30 años de prisión.
Mientras que los señores Henry Javier Hernández Rodríguez, Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, y Óscar Aroldo Torres Velásquez fueron sentenciados por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato en perjuicio de la ambientalista. Ellos se exponen a una pena mínima de 33 años y una máxima de 50 años de cárcel.
En el caso del otro imputado, Emerson Duarte Meza, fue absuelto de responsabilidad penal en el crimen.
Lea: Garafulic buscará consensos con Juan Orlando Hernández, Nasralla y Luis Zelaya
Los hechos
Quedó comprado en la sentencia de los jueces que la ambientalista Bertha Cáceres fue asesinada por oponerse a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
Las acciones de protesta de Cáceres hicieron un ambiente de molestia y rechazo entre los ejecutivos de la empresa constructora del proyecto, establece la sentencia de los jueces.
Por las circunstancias, los encargados de la construcción del proyecto, entre ellos Sergio Ramón Rodríguez, junto a otras personas, procedieron a crear un plan para obtener información respecto a los movimientos y acciones que serían ejecutadas por Cáceres y otras personas del Copinh.
“Sergio Rodríguez y otro ejecutivo de DESA pagaron servicios de informantes, entre ellos al señor Salvador Sánchez, a fin de poder obtener los lugares, días y fechas que tenía previsto la señora Bertha Cáceres realizar movilizaciones junto con su organización en oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca”, establecieron los jueces.
10/01/19será la audiencia deindividualización de la pena contra los siete sentenciados. |
La información obtenida sirvió para emprender acciones de represalias en contra de Cáceres con la finalidad de debilitar su movimiento.
Por su parte, Douglas Bustillo, que había sido jefe de seguridad de la empresa, realizó una coordinación con Sergio Rodríguez y otro ejecutivo con el fin de eliminar a Bertha Cáceres.
Habiendo hecho las coordinaciones, el exmilitar se abocó al mayor del Ejército, Mariano Díaz Chávez, para hacerlo partícipe en el crimen de Cáceres, a fin de obtener medios logísticos: armas y personas en las cuales apoyarse en las acciones que se iban a realizar.
Por su parte, el otro imputado Henry Hernández, quien era también miembro activo de las Fuerzas Armadas, fue abordado por Chávez para informarle sobre el crimen de la ambientalista.
En seguida comenzaron las conversaciones entre los tres: Bustillo, Chávez y Hernández para coordinar las acciones en la ejecución del hecho, que comenzaron a finales de 2015.
En enero de 2016, Hernández y Bustillo iniciaron un reconocimiento del lugar de residencia de Cáceres en La Esperanza, Intibucá.
El plan establecía que Henry Hernández debía de darle muerte a Cáceres el 6 de febrero, sin embargo, el asesinato no se consumó ese día por falta de un carro para la movilización.
La no comisión de la acción fue reportada el 6 de febrero por Bustillo a un ejecutivo de la compañía.
Posteriormente, el 20 de febrero de 2016, las actividades de construcción de la represa se vieron afectadas por una manifestación del Copinh, liderada por Bertha Cáceres, lo que ocasionó varios daños en la maquinaria de la empresa.
El 21 de febrero, Bustillo retomó las coordinaciones para planificar la muerte de Cáceres, para lo cual se comunicó con Henry Hernández y este, a su vez, informó a Mariano Díaz, según la narración de la sentencia.
Hernández dijo que él asumiría la acción con otras personas con el fin de que los exmilitares Bustillo y Díaz no se vieran relacionados en el hecho directamente.
Fue Hernández quien se encargó de contactar a los otros acusados Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Edilson Atilio Duarte Meza y Óscar Aroldo Torres Velásquez para desplazarse el 2 de marzo a bordo de un vehículo a La Esperanza para darle muerte a Cáceres.
Ese mismo día, Cáceres se encontraba en un foro organizado por el Copinh, en el que participaba el mexicano Gustavo Castro, quien recibiría alojamiento en la vivienda de la ambientalista.
Mientras ellos se encontraban en la casa, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Edilson Atilio Duarte Meza, Óscar Aroldo Torres Velásquez y Henry Hernández se trasladaron a una calle aledaña a la vivienda.
En un determinado momento, tres de ellos se bajaron del carro, se saltaron el muro de la colonia y a pie se trasladaron hasta la casa de Cáceres, que estaba cercada con malla metálicas y postes.
Usando la fuerza, abrieron la puerta de acceso a la cocina de la casa y al menos dos de ellos se dirigieron al interior, uno de ellos fue a la habitación de Castro, a quien apuntó con el arma de fuego y disparándole sin consumar el crimen.
En tanto, el otro individuo entró a la habitación donde estaba Cáceres, a quien le propinó tres disparos con una pistola calibre 38, quitándole la vida de forma inmediata. De inmediato los malhechores huyeron por el mismo lugar hasta donde los esperaba el carro que los trasladó y esa misma noche fueron llevados hasta Santa Rita, Yoro, donde se hospedaron en un hotel y en la mañana siguiente se dirigieron a La Ceiba, de donde eran originarios.
Los acusados fueron capturados en mayo de 2016.
Reinaldo Sánchez: JOH debe ser medido por cómo enfrenta problemas
Las reacciones
Hasta los tribunales de sentencia llegaron la madre, hermanos y una hija de Cáceres, quienes rompieron en llanto al conocer el fallo de los jueces.
“Pese a que van a podrirse en la cárcel, a mi hija no la voy a tener viva”, declaró la madre de Bertha Cáceres al salir de la audiencia. “No puedo decir que siento satisfacción, pero por lo menos se hizo justicia”, señaló Austra Berta Flores, madre de la ambientalista.
De su parte, la diputada Olivia Zúniga, hija de la malograda ambientalista, señaló que “aunque no nos sentimos satisfechos ni alegres de que a alguien lo encarcelen y el dolor que puede ocasionarle a su familia es porque no hemos exigido venganza, porque somos personas que simple y sencillamente lo que exigimos es justicia en un país con tanta impunidad”.
Lamentó que “la institucionalidad pública se usó para perseguir a mi mami, exigimos castigo para los autores intelectuales que asesinaron a Bertha Cáceres de manera cobarde, vil y que nos privaron de nuestra madre, esa vida no se repone con nada”.
Sobre la absolución de uno de los acusados, Zúniga dijo que ellos creían que fue imputado injustamente porque no tenía nada que ver en el crimen de Cáceres.
Mientras se leía la resolución de los jueces, en las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encontraban miembros del Copinh y familiares de Cáceres, que exigían justicia por el crimen.
Defensa
Juan Carlos Sánchez, abogado defensor legal de uno de los sentenciados, aseguró que la resolución es “digna del sistema de administración de justicia que tenemos y del país en que vivimos porque la defensa vivió un juicio totalmente diferente al que escuchamos en la narrativa de hechos probados que hace el Tribunal de Sentencia”.
En ese sentido, anunció la interposición de un recurso de casación en contra del fallo de los jueces.
La audiencia de individualización de la pena quedó programada para el 10 de enero de 2019.
 |
