Los cargos contra Cálix Hernández (36) se anunciaron este miércoles junto a la acusación contra otro hondureño, identificado como Amílcar Alexander Ardón Soriano, quien fungió como alcalde de El Paraíso, Copán, al occidente de Honduras, y es hermano del Hugo Ardón, exdirector del desaparecido Fondo Vial.
Tanto como Cálix y Ardón son acusados, aunque en procesos diferentes, por los mismos delitos: conspiración para introducir droga a Estados Unidos, uso y posesión de armas y dispositivos destructivos y conspiración para uso y posesión de armas y dispositivos destructivos.
La nota de prensa de la Fiscalía identifica que el “cómplice y coacusado de Cálix Hernández es Juan Antonio Hernández Alvarado, alias ‘Tony Hernández´, exdiputado del Congreso Nacional y hermano del actual presidente de Honduras”.
El acusado estuvo involucrado en el tráfico de droga a gran escala con socios en Colombia, Honduras, Guatemala y México, según las investigaciones. Además, el exfuncionario proveyó seguridad armada con ametralladoras en los envíos de drogas transportados dentro de Honduras, incluyendo a miembros de la Policía Nacional y narcotraficantes.
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Cálix Hernández fue vicealcalde de Gracias, Lempiras, entre 2014 y 2018, por el Partido Nacional. El documento no brinda mayores detalles en la relación entre el exfuncionario municipal y Tony Hernández, pero en los cargos se hace énfasis que participó en reuniones para planificar el envío de droga con policías, al igual que el exdiputado nacionalista.
Hernández fue arrestado a finales de noviembre del 2018 en Miami, Florida, por agentes estadounidenses, acusado de ser un narcotraficante a gran escala. El excongresista enfrenta los mismos delitos que Cálix Hernández, a diferencia que le sumaron un cuarto cargo por brindar falso testimonio, debido a que mintió en una declaración ante oficiales de la DEA sobre su participación en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.
En la presentación de los cargos, Estados Unidos pidió la extradición de Cálix Hernández.
Según la Fiscalía, en caso de ser hallado culpable, el hondureño recibiría una pena mínima de 10 años en prisión y cadena perpetua como condena máxima por el delito de conspiración para traficar drogas. Por el segundo caso (uso y posesión de armas de fuego) le podrían caer mínimo 30 años de cárcel o enfrentar la cadena perpetua. Y por el tercer cargo (conspiración para uso y posesión de armas) también puede cumplir cadena perpetua.
