La Unidad Investigativa de EL HERALDO reveló cómo a vista y paciencia de las autoridades, varios funcionarios del IP se han coludido con una red de estafadores que cobran 1,000 lempiras por sacar una placa.
Ellos no necesitan una identificación del IP para entrar a las oficinas, como “Pedro por su casa” se abren paso entre las enormes colas de gente que hacen el trámite legal.
El ciudadano que llega apresurado y otros despistados caen en las garras de los tramitadores de placas de vehículos y otros servicios que deberían ser prestados de forma gratuita y con eficiencia por el Estado.
Como lobos esperando una presa, así están los tramitadores en los alrededores de la IP, quienes tienen el respaldo de algunos funcionarios.
Estas personas saben que el dinero es fácil de ganar, pues el mal servicio que da el IP en la entrega y cambio de placa obliga a los ciudadanos a buscar ayuda por otras vías.
Mientras el periodista encubierto de la Unidad Investigativa de EL HERALDO tomaba el primer lugar de la fila, gracias al pago de un tramitador, un ciudadano se salió de su puesto y se fue directamente al guardia de seguridad.
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“Señor -le reclamó con seriedad- con todo el respeto que usted se merece, creo que no es justo que esté metiendo gente que no hace fila, yo estoy aquí desde las 7:00 de la mañana y no he almorzado”, se quejó el hombre desesperado por la lentitud del proceso.
El malestar se extendió por toda la fila, “aquí todo es picardía, sigan votando por su presidente...”, señaló un señor de contextura gruesa, cargando las placas actuales de su carro en la mano.
De forma serena, el vigilante respondió: “No es mi culpa señor, si usted tiene placa puede venir otro día, porque ahorita la prioridad son los carros que circulan con permiso”.
Frente al equipo de la Unidad de Investigación de EL HERALDO entró un tramitador ignorando los reclamos de la gente cansada por la espera.
EL HERALDO estuvo nuevamente el martes en los alrededores de las oficinas de entrega de placas, donde el dinero se mueve como si fuera un mercado abierto.
Los tramitadores entran y salen del IP, sacan formularios, copias y hasta el Registro Tributario Nacional (RTN) en negocios de impresiones y fotocopias que proliferan en los alrededores.
Mientras que en el IP no tienen seguridad en los portones, mucho menos oficinas de información o de servicio al ciudadano en las entradas principales.
Estas deficiencias parecen que fueran parte de la colusión de las autoridades para que los trámites sean engorrosos y cansados para los ciudadanos, quienes al tener que perder todo un día de trabajo, prefieren pagar a alguien que se lo haga en dos horas.
Investigación
Las revelaciones de la Unidad Investigativa de EL HERALDO captaron la atención del presidente Juan Orlando Hernández, quien ordenó poner en la calle a los funcionarios que estén cobrando por un trámite que debe ser gratuito.
“Ahora leí algo en un diario (EL HERALDO) y no puedo dejar de mencionar”, declaró el mandatario.
Describió que la gente va a sacar las nuevas placas, pero “unos empleados del Instituto de la Propiedad y otros de afuera se pusieron de acuerdo para cobrarle a la gente por un servicio que no se debe de cobrar, eso no se vale”.
En se sentido, indicó que le encomendó al ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, y al titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), Carlos Madero, investigar qué está pasando.
Al mismo tiempo exigió que “tienen que ponerme en la calle a aquellos empleados que abusaron de gente, y no pueden haber tramitadores, porque el gobierno y el Estado deben facilitar al ciudadano eso, no abusar de él”.
Pero el desorden es extremo y los tramitadores han visto como una gallinita de los huevos de oro el nuevo proceso de registro vehicular.
La Unidad Investigativa de EL HERALDO pudo comprobar que estas organizaciones de estafadores operan con toda libertad, cobrando dinero en efectivo en plena vía pública.
En los alrededores del IP tienen como pequeñas oficinas al aire libre, solo cubiertas con sombrillas para taparse del sol, en las esquinas se ven algunos solos y otros en pareja con un maletín colgando del brazo para guardar las jugosas ganancias.
Solo por sacar la nueva placas en menos de dos horas un tramitador cobra 1,000 lempiras y muchos hacen más de cinco trámites al día.
Es decir, que un tramitador gana más de 5,000 lempiras por día, cobrando por un servicio del que el Estado también cobrará 500 lempiras en los próximos años.
Un señor de contextura gruesa, bien vestido y en una silla de ruedas recibe a los clientes, a su alrededor hay otras personas que se encargan de hacer los trámites.
Unos se van a sacar copias mientras él guarda el dinero y otros se dirigen para adentro, a buscar a sus contactos del IP para poder sacar las placas y entregársela a los clientes.
Un carro particular se paró frente a los tramitadores y de inmediato uno de ellos se acercó por la ventana, el conductor le entregó los documentos y comenzó el negocio.
Minutos antes, otro ciudadano, mostrando rostro de desesperado, sin pensarlo dos veces le entregó dos billetes de 500 lempiras a otro tramitador y minutos más tarde salió con la placa nueva en mano.
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Auditoría
Lo lamentable de todo este negocio irregular que evidenció la Unidad Investigativa de EL HERALDO es que las autoridades del IP conocían el problema, pero no tomaron acciones inmediatas.
José Noé Cortés, secretario ejecutivo del IP, declaró que “a raíz de la denuncia de EL HERALDO nosotros comenzamos a tomar ciertas medidas”.
Detalló que lo primero será implementar sistemas de seguridad drásticos para evitar el acceso y la intermediación entre el usuarios, el tramitador y el empleado, porque el usuario no debe pagarle a nadie ni un centavo por el servicio.
Al mismo tiempo, Cortés afirmó que ya se inició un proceso de investigación con el Ministerio Público (MP) para certificar la colusión de los empleados del IP con los tramitadores.
Afirmó que si existen empleados que hayan aceptado dinero o son parte de una red de tramitadores serán despedidos y si han cometido un acto que tenga implicaciones penales, serán enviados al MP.
El martes también se comenzaron a auditar los sistemas y el procedimiento que están haciendo los funcionarios para revisar los requisitos, sus usuarios y cómo ha sido la cadena de entrega de las placas.
