TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una serie de pruebas presentadas ante la justicia de Estados Unidos por la defensa legal del expolicía Juan Manuel Ávila Meza revelan cómo el exalto oficial hizo una serie de negocios con el clan de Los Cachiros.
Los documentos señalan que el exmiembro de la Policía Nacional conoció a Los Cachiros a través de un primo de ellos, el también expolicía Rubén Santos.
Ávila se convirtió en miembro de la Policía Nacional en 1994, pero el 29 de noviembre de 1999 fue suspendido luego de que su exesposa, Miriam Gutiérrez, fuera condenada por fraude fiscal por las autoridades hondureñas.
El exoficial luchó por ser reincorporado y el 20 de septiembre de 2011, después de varias demandas, tuvo éxito.
Durante su período de suspensión, él se convirtió en abogado, lo que facilitó su acercamiento con los Rivera Maradiaga.
El expolicía logró reunirse en al menos diez oportunidades con los jefes del clan.
Ávila sirvió como una especie de comodín para defenderlos, para la venta de propiedades y para la contratación de abogados.
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Las reuniones
En 2004, Ávila recibió una llamada de su excompañero de armas Rubén Santos, quien le pidió que lo acompañara a San Pedro Sula a hacer un trámite legal.
Para ese entonces, el oficial Ávila Meza no sabía quién era Javier Rivera Maradiaga, principal cabecilla de Los Cachiros, según indican los documentos.
En esa oportunidad, tanto Ávila Meza como Santos retornaron a Tegucigalpa; sin embargo, fue hasta julio de 2009 cuando Ávila conoció a Devis Leonel Rivera, el hermano de Javier y cabecilla de la organización criminal.
El extenso documento señala que Ávila y tres abogados más fueron llamados a Puerto Lempira, Gracias a Dios, para representar legalmente a un grupo de oficiales que habían sido arrestados por robar un cargamento de 143 kilogramos de cocaína.
Los policías habían sido enviados a la misión por el comisionado Francisco Murillo López, quien era el jefe de investigaciones criminales de la Policía.
Al parecer, Murillo se enteró de un envío de narcóticos a través de un informante y envió a los oficiales de Tegucigalpa con el propósito de lograr la incautación. Sin embargo, los oficiales a cargo del operativo, entre ellos Mario Guillermo Mejía Vargas, acusado por narcotráfico en EE UU, decidieron robar el cargamento en lugar de entregarlo.
La acción de los agentes fue frustrada por policías locales asignados a esa zona, por lo que fueron arrestados y puestos bajo custodia.
Tras ese hecho, Ávila fue contactado por una persona de nombre Juan Valerio, primo de Mejía Valerio, quien le pidió a Ávila que lo representara.
El informe indica que Ávila vio en Puerto Lempira una camioneta negra que estaba siendo utilizado por el jefe del destacamento de la Policía en el lugar.
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Acercamientos
Un mes después, Rubén Santos le pidió a Ávila que lo acompañara a San Pedro Sula donde necesitaba recoger un vehículo.
En un restaurante de La Lima, Cortés, Santos le comentó a Ávila que Devis Rivera llegaría al lugar. Justo después Devis Leonel llegó al restaurante con cuatro guardaespaldas.
Durante la conversación salió a relucir el tema de la incautación de los 143 kilos de coca y Devis comentó que le había pagado a Mario Mejía Vargas al menos 300,000 dólares por
la protección.
Cuando finalmente llegó el vehículo que debía recoger Rubén Santos, Ávila notó que estaba la misma camioneta negra que había observado en Puerto Lempira, que Devis aparentemente había recuperado del jefe de policía y ahora se la daba a Rubén Santos.
Los documentos señalan que en esa oportunidad, Devis le dio dinero a Santos para una iglesia en la que participaba.
En octubre de 2009, Ávila fue contactado una vez más por Rubén Santos, quien le preguntó a Ávila si tenía vehículo para que lo usara Javier Rivera en la ciudad de Choluteca.
Ávila aceptó y Rubén Santos envió a una persona de nombre Óscar Elvir a recoger el vehículo.
Una tercera reunión entre Ávila y Los Cachiros se dio en agosto de 2013, en la que sirvió como intermediario para la venta de una propiedad situada en La Lima a un costo de cinco millones de lempiras.
Devis y un individuo llamado Javier Hernández llegaron a la propiedad, que estaba invadida. Cuando Devis vio esto, le dijo a Ávila que solo estaría interesado en la propiedad si Ávila podría desalojar a los ocupantes ilegales.
El cachiro luego le dijo a Ávila que una vez hecho esto, debería contactar a su administrador financiero Orlin Turcios para hacer la transacción.
Finalmente llegaron a un acuerdo en que el pago de la propiedad consistiría en 150,000 dólares, el título de una casa ubicada en Jardines del Valle de San Pedro Sula y dos carros blindados, un Lexus y un Mitsubishi.
Ese día, Ávila recibió dos millones de lempiras, a parte del efectivo acordado en la venta de la propiedad.
Semanas después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista a Los Cachiros y ordenó la confiscación de sus bienes, entre ellos la empresa Inrimar y el zoológico Joya Grande, por lo que Ávila tuvo que contactar dos abogados para la defensa legal de estos bienes.
A inicios de 2014, el policía Carlos Valladares, sentenciado a 14 años de prisión en EE UU, y el oficial Juan Manuel Ávila se reunieron para dialogar sobre una deuda de 24 millones de lempiras que tenía Soptravi con la empresa Inrimar.
Para buscar contactos en el gobierno, Ávila se reunió con un amigo suyo que era conocido de Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, para establecer un acercamiento.
Es así que surge la reunión entre “Tony” Hernández y Devis Rivera, en un restaurante capitalino.
Tras las gestiones de los abogados y Ávila se lograron recuperar 21 millones de lempiras.
Sin embargo, no lograron recuperar los otros tres millones, por lo que Devis Rivera comenzó a preocuparse y a amenazar de muerte a Ávila y a las personas encargadas de recuperar
la plata.
Según el documento, Ávila se alejó, pero una vez más fue llamado junto con otros policías conspiradores para tener otra reunión con Devis Rivera. De lo contrario su familia y él estarían en riesgo, por lo que tuvo que acudir a la reunión en la que además del cachiro participaron los testigos del gobierno de EE UU, los mexicanos Santos Peña y Santos Hernández. Para esa fecha, Los Cachiros ya colaboraban con la fiscalía estadounidense.
Después de esa reunión se repartieron seis mil dólares entre los tres policías participantes.
La última oportunidad en que el cachiro y el oficial Ávila se reunieron fue en una residencia de Tegucigalpa el 25 de junio de 2014.
El policía Valladares le dio a Ávila la dirección y le dijo que tenía que asistir con su revólver de servicio, el uniforme y un mapa de Honduras.
Cuando Ávila llegó a la residencia ya se encontraban en ella Fabio Lobo, Jorge Cruz Chávez, Ludwig Zelaya, Víctor López Flores, Mario Mejía Vargas, Constantino Zavala y Carlos Valladares. Esta reunión fue grabada en video por Rivera y los testigos mexicanos.
La defensa de Ávila solicita que se castigue al hondureño con una pena mínima de cinco años de cárcel.
