Las autoridades hondureñas prometieron un cambio rotundo en la gestión de los presidios al construir y habilitar dos cárceles de máxima seguridad: El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, al occidente, y La Tolva en Morocelí, El Paraíso, al oriente.
Una de las promesas era descongestionar los centros penales, principalmente el reclusorio de Támara, pero los informes oficiales -del Instituto Nacional Penitenciario- reflejan el rápido crecimiento de la población carcelaria.
En dos años, de septiembre de 2017 a septiembre de 2018, esa cantidad aumentó en unos 2,700 presos, al pasar de 19,001 a 21,757 reclusos, indican las estadísticas oficiales.
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La promesa de descongestionar Támara tampoco se pudo mantener. Este centro penal fue donde más creció la población carcelaria en esos dos años. Lo mismo sucedió con las, entonces, recién inauguradas El Pozo y La Tolva, y ahora intervenidas por el gobierno ante las recientes muertes.
En contraste, el resto de cárceles hondureñas ha venido registrando una disminución paulatina de reclusos. Merece recordar que casi a finales de 2017, las autoridades cerraron los centros penales de San Pedro Sula (norte) y Santa Bárbara (occidente).
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Aunque en Támara ha existido un crecimiento relevante, la estrategia de las autoridades apunta a situar a los reos en los nuevos recintos, por ello se ha reportado una disminución de reclusos en cárceles regionales.
Lo anterior ha provocado que casi la mitad de la población de presidiarios permanezca en cuatro de los 30 centros penales existentes.
Un análisis realizado por la Unidad de Datos de EL HERALDO, en noviembre de 2018, reveló que en la cárcel de Támara estaban recluidos personas procesadas y condenadas por los delitos de robo, portación ilegal de armas y extorsión.
Mientras que tanto en Ilama (El Pozo) como en Morocelí (La Tolva) sobresalían delitos por extorsión y asociación ilícita.
