El nombramiento de la Comisión Interventora en 2017 -grupo de trabajo que desde enero de 2018 es comandado por Andrés Felipe Díaz, un general de división en retiro- creó grandes expectativas sobre la solución de una serie de actos que golpeaban a esa casa de estudios agrícolas.
Sin embargo ciertos males, como las cuestionadas elecciones de las autoridades universitarias y las manipuladas contrataciones de docentes y de personal administrativo, lejos de cortarse de raíz más bien se reprodujeron.
LEA: La Universidad Nacional de Agricultura camina hacia una crisis de autoridad
Toda esta serie de acciones ha conducido a que personas particulares, autoridades universitarias, docentes, personal administrativo y ahora hasta los guardias de seguridad y las lavanderas tengan a esta universidad como una piñata que aporrean en los tribunales de justicia.
Demandas
De acuerdo con un informe de Asesoría Legal en poder de la Comisión Interventora, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta octubre recién pasado, la UNA tenía 23 demandas judiciales y siete reclamos administrativos por un monto de 447,240,555.96 lempiras.Solo por las demandas judiciales en materia laboral, la Universidad Nacional de Agricultura tiene una deuda de más de 80.7 millones de lempiras. Dieciséis docentes de Estudios Generales le exigen a la UNA 27,720,333.47 lempiras por concepto de nivelación salarial, alegando trabajo igual, salario igual.
2de los 6 decanos todavíano han sido electos a pesar de la segunda convocatoria a concurso. |
Asimismo, se menciona que si la demanda laboral de 64 guardias despedidos en el 2017 por la Comisión Interventora se pierde en casación, entonces la universidad tendrá que pagarles 29,405,912 lempiras.
De igual manera 66 empleados -entre docentes y personal administrativo- también tienen demandada a la universidad por 115,000,000 de lempiras más el 25% en concepto de penalización. Ellos solicitan nivelación salarial con base en el personal de las ciencias agrícolas.
VEA: Persisten deficiencias y hacinamiento en la Universidad Nacional de Agricultura
A la UNA también se le está exigiendo el último pago de 27 millones de lempiras, luego que una jueza del Juzgado de Letras de Catacamas condenara a esta institución educativa a cancelar alrededor de 164.2 millones de lempiras a cuatro exautoridades de esta universidad y a 90 docentes, algunos de ellos ahora miembros del gobierno universitario recién nombrado por la Comisión Interventora.
Por esta deuda en diciembre reciente, el Juzgado de Letras de Catacamas ordenó el embargo de dos cuentas bancarias de la UNA. Este caso, donde ciertos docentes, exautoridades y autoridades universitarias recién seleccionadas son demandante y demandados, la Fiscalía Especial contra la Corrupción alista requerimientos.
Igualmente, siete consejeros a quienes no se les renovó su contrato tienen demandada a la UNA por 5,881,494.37 lempiras, el caso está para sentencia.
Asimismo en el informe se menciona que el abogado Óscar Orlando Sevilla, quien fue contratado por la Comisión Interventora, también exige el pago de 30,000,000 de lempiras por concepto de honorarios. Estas son parte de las demandas judiciales más cuantiosas que actualmente tiene la UNA.
Solo en las demandas que no están notificadas, el monto asciende a 145,975,000 lempiras. Además, existe un reclamo administrativo de la familia Cruz Pacheco por 220,504,982 lempiras por unos terrenos.
 |
Nombramientos
Los concursos para seleccionar a las autoridades universitarias, así como a docentes y personal administrativo hasta cierto punto son consideradas a lo interno de la universidad como una burla para los participantes.No solo se cambiaron las reglas en el camino, sino que también se hicieron a un lado ciertos requisitos exigidos, mientras que por otro lado los salarios que se publicaron en la convocatoria para los puestos son menores en relación con lo que realmente ganan las personas seleccionadas.
En la publicación del concurso se establece que el vicerrector académico ganaría 63,000 mil lempiras, el de vida estudiantil 59,500 lempiras y el de internacionalización 56,000, sin embargo, se encontró que uno de los vicerrectores seleccionados actualmente gana 82,500 lempiras, más un plus salarial de seis mil lempiras, salario que devengaba en la jefatura del departamento académico de producción animal de la UNA.
ADEMÁS: La UNA también tiene su familión trabajando en la institución
Igual ocurre con la convocatoria para la selección de los seis decanos, para cuyos puestos se ofreció un sueldo de 49,500 lempiras, pero las cuatro personas seleccionadas hasta el momento tienen un salario en la universidad entre 55,000 y 66,000 lempiras.
EL HERALDO llamó vía teléfono a Leslie Waleska Escobar, jefa de Recursos Humanos de la UNA, para conocer si esta institución tiene un manual de puestos y salarios, y para consultarle sobre supuestas irregularidades en los nombramientos, sin embargo, ella no respondió.
Una fuente que pidió no ser mencionada aseguró que esta universidad no tiene ninguna regulación salarial, por eso el desorden.
Pero el problema con las contrataciones no termina aquí. El Estatuto de la Universidad en su artículo 286 establece que están inhabilitados para desempeñar cargos en la UNA (el inciso f) aquellos que han sido “condenados en sentencia firme en la jurisdicción civil, penal y/o administrativa”, sin embargo, esta exigencia se obvió al momento de seleccionar a ciertas nuevas autoridades.
Por otro extremo, también está el hecho de que la Comisión Interventora el 12 de julio llamó a concurso para plazas que ya habían sido entregadas interinamente, pero que luego estas personas simularon participar en el concurso y luego fueron confirmadas en sus puestos.
Entre estas están seis plazas, dos para docentes en la sede regional de Comayagua, dos en la regional de Tomalá, Lempira, y dos en la regional de Mistruk, Gracias a Dios.
Según oficio CI-UNAG-385-2019 enviado a la jefa de Recursos Humanos el 25 de junio de 2019, establece que la Secretaría de Finanzas autorizó la creación de 99 plazas para el funcionamiento de las redes regionales en Comayagua, Comayagua; Mistruk, Gracias a Dios y Tomalá, Lempira, que deberán ser ocupadas a través de procesos de concursos.
Al detectar cierta anomalía en las designaciones, el 2 de julio de 2019, la Unidad de Asesoría Legal le envió una nota a la jefa de Recursos Humanos donde le recuerda que el artículo 239 establece (del Estatuto de la universidad) que “el ingreso al ejercicio de la carrera docente de la Universidad Nacional de Agricultura y la promoción de la misma será posible únicamente por concurso público de méritos y cumpliendo con los requisitos y procesos establecidos en el reglamento de la carrera docente”.
Asimismo le mencionan que en la resolución 05-04-2017, numeral primero, la Comisión Interventora resolvió: “instruir a partir de la fecha que la selección para el ingreso (contratación) y/o promoción de los empleados y autoridades de la Universidad Nacional de Agricultura se realizará por la vía del examen de oposición o concurso público”.
Por tanto, esa asesoría legal con el objeto de proceder a revisar los contratos que le fueron enviados y amparada en el principio del debido proceso, y como los servidores del Estado no tienen más facultad que las que expresamente les confiere la ley y que todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad, le solicita a Escobar “enviar el o los expedientes en donde se pueda constatar evidencia del o de los concursos públicos que fueron efectuados por su dependencia o quien haga sus veces para la contratación” de las seis personas que prestarán sus servicios profesionales en los tres centros regionales del país.
Es tal que una de las personas nombradas como docente en Comayagua no reunía los requisitos para su nombramiento permanente, aún así se le contrató como enlace entre los centros regionales.
Por otro lado, de las 99 plazas aprobadas para los centros regionales, solo se contrataron alrededor de 50, algunas de ellas ya eran personas que trabajaban y siguen trabajando en la universidad, en Catacamas, en el área de tecnología e información, en admisiones y docencia, entre otras.
Exigencias
El 29 de agosto de 2019, los decanos interinos -molestos porque la Comisión Interventora no les daba respuesta- le solicitaron continuar el proceso de selección del rector y de las demás autoridades universitarias hasta tener legalmente publicado y vigente el reglamento general del Estatuto en el que claramente se indiquen los procesos y requisitos, tal como lo enuncia el “artículo 51 inciso G del Estatuto, garantizando el principio constitucional del debido proceso en el estricto apego a las leyes del país”.Asimismo, el 20 de agosto del año pasado, los rectores interinos Mirian Anabel Alvarado y Mario Edgardo Talavera le enviaron otra nota a los interventores donde les dicen que, según la resolución CI-U-039-11-2018, prohíbe a “las dependencias administrativas disponer unilateralmente de plazas vacantes docentes, administrativas y de apoyo sin la debida autorización de los departamentos académicos (en este caso facultad) a quien pertenece para ser asignadas a otras dependencias”, “por lo que muy respetuosamente se les está solicitando cumplir con lo establecido en la resolución CI-U-039-11-2018 sobre las plazas propiedad de nuestras facultades, ya que esto viene a debilitar el funcionamiento académico de las mismas”.
Los estudiantes rechazan Reglamento de Vida Estudiantil
El Reglamento de Vida Estudiantil la Comisión Interventora lo redactó y aprobó sin tomar en cuenta la opinión de los estudiantes, denunció un universitario que pidió no mencionar su nombre por temor a represalias.“Lo que hicieron fue copiar y pegar del reglamento anterior, el cual había sido declarado violatorio de los derechos humanos por varias instituciones”. Este documento entró en vigencia el año pasado y “los estudiantes hasta el día de hoy lo desconocemos porque no lo han dado a conocer de manera pública”.
La universidad nuevamente puede volver a caer en una crisis estudiantil. “En sí, el reglamento de vida estudiantil está mal, mal, todo está mal y no le dan ninguna participación a los estudiantes. La Comisión Interventora ha coartado la participación de los estudiantes.
Recordó que el artículo 226 del Estatuto de la universidad garantiza el derecho de los estudiantes a organizarse en asociaciones y de contar con representación en los diferentes órganos del gobierno y dirección establecidos, sin embargo, el Reglamento de Vida Estudiantil los deja en el vacío.
“Hemos tenido muchas dificultades para la aplicación del reglamento de vida estudiantil que la Comisión Interventora aprobó sin tomar en cuenta a los estudiantes”, lamentó.
