Fue a través de su abogado, Joaquín Pérez, que el exparlamentario objetó los argumentos de la Fiscalía, asimismo, denunció que existe una violación a algunas leyes relacionadas al proceso judicial.
Según el defensor de Nájera, la Fiscalía no cumplió con sus obligaciones conocidas en las normativa Brady/Giglio porque su principal objetivo en un proceso criminal no debe ser ganar el caso, sino que se haga justicia.
Asimismo, Pérez denunció que se tergiversan dos hechos significativos en el caso. El primero es de un reportaje publicado en The New York Times, documento que está basado en una investigación de inteligencia de la Policía de Honduras realizada en 2003. El togado dice que esto lo que presentaba era evidencia de la participación en solitario de Wilter Blanco en un complot de asesinato y el gobierno no hizo ningún esfuerzo por buscar evidencia que exculpara a Nájera en el caso.
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El segundo hecho es sobre que los 3,500 que se proveyeron a la defensa en 2018 no contienen múltiples referencias de la participación de Blanco en actos de violencia, por lo que las tergiversaciones 'son significativas y hay una probabilidad razonables de que una revelación más oportuna de la información hubiese producido un resultado diferente en el proceso judicial', argumentó el abogado.
Es por estas razones, señala Pérez, que Nájera se ve obligado a rechazar los alegatos de la Fiscalía, sobre todo los expuestos en el párrafo 23 del reporte por considerarlos que denigran la aceptación de responsabilidad de Nájera al sugerir que el exdiputado hondureño elevó falsas quejas sobre su anterior abogado; que su representante actual demoró el proceso para que los testigos del Gobierno de EE UU fuesen sentenciados y deportados,
Además, que Nájera presentó mentiras descaradas sobre su inocencias y amenazas supuestamente hechas a otros testigos - líder del cartel de Los Cachiros, Devis Leonel Maradiaga.
De igual forma, el abogado alega que la Fiscalía ignora convenientemente la historia del caso y aparenta hacer sido concebida para perjudicar a su cliente e influencias los factores de la sentencia.
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El documento termina solicitando al juez asignado al caso, Paul Gardephe, una audiencia de presentación de evidencia para discutir tanto las objeciones de Nájera al reporte de la Fiscalía como a las presuntas violaciones a la normativa Brady/Giglio.
No lo juzgarán por el caso del zar antidrogas
En mayo de 2020 el exdiputado liberal por olancho de declaró culpables de tráfico de drogas y armas. Hace unas semanas, la Fiscalía estableció en un documento que el narcodiputado no será juzgado por el crimen del zar antidrogas, Julián Arístides González.El documento explica que “el gobierno eligió no proceder con respecto a este asesinato en el momento de la sentencia porque hacerlo habría requerido una larga audiencia de factio, en un caso en el que los procedimientos de sentencia se han retrasado”.
La sentencia contra Nájera está fijada para el 6 de enero de 2021.
