TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El fantasma del fraude que se gesta en las Mesas Electorales Receptoras (MER), junto a un excesivo gasto de recursos para financiar los próximos comicios, son parte de las repercusiones que tendría en el sistema democrático del país la no aprobación y entrada en vigencia de la nueva Ley Electoral.
Al haber 14 partidos políticos legalmente constituidos corresponde delegar dos miembros (un propietario y otro suplente por institución) en los órganos encargados de recibir los votos emitidos por los electores, totalizando 28 personas por urna.
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En la actualidad hay 23,880 MER a nivel nacional, por lo que serían 668,640 los delegados partidarios que harán su labor en los 5,691 centros de votación habilitados el próximo 28 de noviembre, fecha en la que están programadas las elecciones generales.
“Cada partido necesitaría aproximadamente unas 40,000 personas y en todo el país necesitarían más de 600,000 personas; siendo optimistas de esos 14 partidos tal vez unos cuatro o cinco podrían reunir los miembros para todas las mesas”, manifestó el experto en temas político-electorales, Augusto Aguilar.
Indicó que “el riesgo es que la mayoría de esos partidos no tienen la capacidad de cubrir todos esos cargos, entonces volveremos al mismo problema de la venta de credenciales a los partidos que tienen recursos para comprarles la representación”.
Otras dificultades
“Las mesas tendrían que quedar compuestas por todos los partidos inscritos, operativamente será difícil, pero habrá que convivir con ello; la divulgación de datos quedaría a través del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la deuda política quedaría aproximadamente como unos 12 millones por partido político, sería una erogación de casi 150 millones de lempiras con los partidos emergentes”, planteó el expresidente de la comisión dictaminadora de la normativa, Mario Segura.
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De acuerdo con la información de la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin), constatada por EL HERALDO, hasta ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE) disponía de 770 millones de lempiras como presupuesto de los 1,549.5 millones de lempiras que se le otorgaron como fondos para este año y no se descarta que este ente colegiado pueda requerir más dinero para la contienda general.
Una crisis similar a las votaciones de 2017 o incluso peor vaticinan analistas si en los próximos 11 días los diputados no proceden a la aprobación del articulado restante de este marco legal que regirá al CNE.
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